Esta semana fue de tira-tira, entre el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ambas instituciones, o bien, órganos autónomos, se acusan, entre líneas, de estar capturados por intereses ajenos a la atención que se supone deben brindar.

Lorenzo Córdova, dijo que la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los consejeros del INE sean electos mediante el voto popular sólo sería una forma de tener capturado al organismo, tal y como sucede con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La CNDH, que encabeza María Rosario Piedra Ibarra, mediante un comunicado, sostiene que el INE, de autónomo, sólo tiene el nombre y que más bien es utilizado como mecanismo de sabotaje.

De entrada, hay que recordar que los órganos autónomos son las instituciones públicas constituidas al margen de los tres poderes de la Unión, ubicándolos en una condición de igualdad jurídica frente al resto y que por lo mismo no están supeditados al resto de los Poderes en cuanto a sus funciones.

Vale la pena destacar, por un lado, que organizar todo el proceso para elegir a los consejeros del INE mediante el voto, costaría mucho, mucho, mucho, algo así como 8 mil millones de pesos, según lo cita un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Por otro lado, vale la pena sopesar lo que una decisión de semejante magnitud podría acarrear para la vida democrática del país.

Desde el nacimiento mismo de la Constitución Mexicana en 1917 se consagra la vida electoral del país mediante la conformación de la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión.

A lo largo de este tiempo se han hecho grandes esfuerzos para fortalecer la vida democrática de México, creando la infraestructura y órganos donde sean los ciudadanos los responsables de los procesos electorales dejando fuera las entidades de gobierno; este proceso ha costado sangre, si se me permite la expresión y ha costado ir contra una inercia institucional.

El INE ha debido ir contra viento y marea en la presente administración para sobrevivir, como ha sucedido con muchos de los órganos autónomos. No es un secreto que la administración Federal ha dicho por lo bajo y por lo alto la “necesidad” de desaparecer los órganos autónomos que, dice el Ejecutivo, le cuestan al gobierno 500 mil millones de pesos al año

No es con dimes y diretes como el INE, la CNDH, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lograrán su permanencia, especialmente cuando el Presidente sostiene que son instituciones de “pillaje”.

Hay que sopesar la reforma electoral propuesta, no vaya siendo que en el fondo lo que se busque es regresar a la anterior estructura en que un partido o el gobierno sea quien dirija los hilos de las contiendas políticas.

Como toda institución, el INE puede mejorarse, claro está, pero de ningún modo se puede dar marcha atrás a todo cuanto se ha logrado.