El martes 20 de julio participamos en un hecho histórico para la sociedad nuevoleonesa, que siempre ha sustentado su cultura de desarrollo en la educación y el trabajo, al someterse a discusión y votación la nueva Ley de Educación en el Congreso del Estado, siendo aprobada por 39 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones de las diputadas y los diputados.

     La nueva Ley homologa la Ley General de Educación del 2019 y abroga la Ley de Educación del Estado del 2000. De 1970 a la fecha se habían llevado a cabo ocho reformas educativas, las que gradual y progresivamente extendieron la gratuidad y la cobertura escolar, crearon figuras como la carrera magisterial e incorporaron las nuevas tecnologías para consolidar un modelo de educación humanista, equitativo, inclusivo, intercultural, colaborativo e integral desde los 45 días de nacido hasta la conclusión de estudios de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya que hoy por hoy la educación inicial hasta la superior es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna.

          Esta Ley materializa la Nueva Escuela Mexicana, modelo diseñado por la SEP y avalado por los Poderes Legislativo y Ejecutivo para derogar la contrarreforma educativa impuesta en el 2013 y promover la educación para toda la vida a través de fomentar la identidad con México, la honestidad, la responsabilidad ciudadana, el cuidado del medio ambiente, el respeto a la dignidad humana y la promoción de la cultura de la paz, así como de revalorizar al magisterio, de garantizar la infraestructura escolar y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, la transformación del país.

          La educación como derecho humano y como garantía social representa la palanca del desarrollo para transformar cualquier sociedad. Esto es a lo que aspiramos con la nueva Ley y mediante su aplicación detonar la participación activa y proactiva de todas y de todos los involucrados en el proceso educativo; es decir, educandos, educadores, familias, autoridades y sociedad.

          Con la Ley se propone renovar la estructura de nuestro Sistema Educativo Estatal, para que la educación contribuya al desarrollo integral del individuo, no solamente para educar en lo profesional sino para formar en lo personal a ciudadanos solidarios y fraternos, no individualistas ni clasistas. Por ello, además de facilitar los conocimientos para desarrollar valores y acrecentar la cultura, las capacidades, las habilidades y las aptitudes de las y los educandos, la Autoridad Educativa ahora deberá enfocarse en abatir el rezago educativo y el abandono escolar que históricamente hemos padecido en las zonas urbano-marginadas, áreas rurales, comunidades indígenas y localidades aisladas, situación agravada por la pandemia durante año y medio.

          La Ley obliga a las autoridades educativas a cumplir, como nunca antes, con el principio constitucional del interés superior de la niñez en su derecho a la educación universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y humanista en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, sobre todo a quienes viven en situación vulnerable o condición de pobreza. Federación, Estado y Municipios habrán de coordinarse a efecto de invertir los recursos necesarios, con base en la disponibilidad presupuestal, para planear, operar y evaluar los servicios educativos.

          Esta Ley revaloriza a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo no sólo con sistemas de capacitación, de promoción y de reconocimiento a su desarrollo docente, sino con salarios profesionales dignos y estímulos para su disfrute en la comunidad y la familia. Contempla que los bienes muebles e inmuebles destinados a escuelas cumplan con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, ergonomía, oportunidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, higiene, accesibilidad e inclusividad.

          El proceso para aprobar la Ley fue largo y profusamente socializado, lo que nos permitió incluir normas antes no imaginadas, pero que surgieron a raíz de la pandemia, tales como la educación a distancia, los protocolos sanitarios y la salud socioemocional de educandos y educadores. Estamos seguras que esta Ley redituará en la inversión social para la formación de capital intelectual en continuo desarrollo, que sea la fragua del espíritu de la niñez nuevoleonesa para forjar a los prohombres que necesitamos en todos los ámbitos de la vida.

          Nuevo León ha logrado altos estándares de calidad educativa a nivel internacional. Sigamos con esa cultura que pone en primer lugar el gasto social educativo hasta lograr que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan la misma calidad en el servicio educativo, sin importar que su pupitre este en un aula de San Pedro o en alguna comunidad de Galeana. Sólo así lograremos una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades, donde todas y todos tengamos acceso al desarrollo para alcanzar nuestra plenitud y máximas potencialidades.