Preocupante, muy preocupante es la cantidad de presos refundidos en los penales de Nuevo León, cerca de 10 mil, por diferentes delitos, unos de grueso calibre, otros menores. Pero todos recluidos en hacinamiento y en condiciones de salubridad no muy buenas, que permiten los contagios y la transmisión de virus, como sucedió con el Covid-19.  

      Es preocupante porque esa cantidad significa que hay abundancia de delincuentes. Si por cada uno que ingresa, y que recibe sentencia o está en espera de recibirla, hay otro o dos más afuera cometiendo delitos, entonces la población que infringe la ley en el estado es alarmante. Es decir, el porcentaje de delincuentes es elevado. Eso significa que prácticamente vivimos en un estado delincuencial.   

      Las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal son elocuentes: existen 9 mil 750 reos en los tres penales por lo que se está a punto de llegar a la cifra histórica de 10 mil prisioneros. En los últimos diez meses se han ingresado cerca de mil personas, por diferentes delitos.

      “Cuando empezó esta administración contábamos con cerca de 8 mil 750 privados de libertad en el Sistema Penitenciario del Estado. Hoy tenemos 9 mil 750, mil más en 10 meses. Con este ritmo por primera vez en la historia de Nuevo León superaremos los 10 mil”, informó y calculó Gerardo Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad Pública.    

      Lo que también dijo sin decirlo es que el número de delincuentes que anda en la calle cometiendo atrocidades es alto, puesto que cada vez se capturan más. Y si el número de delincuentes es alto, entonces hay muchos que no se capturan, aunque los números hablan de que los órganos de policía cumplen con su deber. Y los delincuentes que no se capturan, por una u otra razón, son un peligro para los ciudadanos.   

      Hay presos por delitos del crimen organizado, por asesinatos entre miembros de bandas; narcomenudistas, chiveros, halcones. También hay presos por robo, robo a mano armada, robo casa habitación o a personas, a negocios; también por fraudes; por delitos pasionales; por feminicidios. Nomás no hay presos políticos porque no hay guerrilla urbana y no hay presos funcionarios acusados de corrupción porque están protegidos por otros corruptos. De lo contrario, pasarían de 10 mil los privados de libertad. 

      Es necesario que se elabore un estudio que señale el delito que cometió cada preso. Porque no es igual un detenido por crimen organizado, que un detenido que le quebró los dientes a un rival en una gresca. O si hay ese estudio, que se dé a conocer. Porque es un peligro tener dentro de los mismos pabellones a narcotraficantes y a simples cacos. 

      El gobierno del estado presume la inversión millonaria en adquisición de patrullas pick up, 44 las más recientes para sumar 450 en lo que va de la actual administración, y mambas equipadas para contener delitos con armas largas y bazzukas, que solo tienen los narcotraficantes. 

      Y eso está bien. Pero todo ese equipo e infraestructura es para reprender, para capturar, para abatir a los delincuentes. Es decir, capturarlos después de haber cometido el ilícito. Y como son muchos los delincuentes, entonces son muchos los detenidos en los penales y muchos son los que todavía andan sueltos en la calle cometiendo delitos. Pero no son para prevenir los delitos.

      Y tenerlos en el penal cuesta mucho, mucho dinero. Dinero perdido. Porque es difícil que un preso se regenere por las mismas condiciones de hacinamiento en los penales. 

      Por cierto, dentro de las cifras dadas a conocer por Pámanes no aclara qué porcentaje corresponde a mujeres que han infringido la ley. Sería bueno saberlo.