De veras, ya ni la amuelan. Los largos procesos por los que ha transitado la ciudadanía en procura de solución a los lastres gubernamentales, en inclusión política, ecología, igualdad de la mujer y de los homosexuales, de democracia participativa, son frenados por los diques del gobierno y por, cáspita, aquellos que se dicen representar a la ciudadanía en cargos de elección popular.

Y eso acaba de suceder en la formación de la reciente Junta de Gobierno que participará en las decisiones del Instituto de Movilidad, creados ambos por la Nueva Ley de movilidad. El Congreso del Estado, que tenía bajo su responsabilidad el nombramiento de quien representaría a los usuarios en dicha Junta, pidió una serie de requisitos para quien se quisiera anotar.

Entre ellos, la propuesta de una Asociación Civil, cartas certificadas, propuesta de trabajo, conocimiento en la materia. De esta manera se anotaron cuatro personas que cumplieron los requisitos, menos una, María Elida Sandate Tovar. De todos modos, extrañamente, participó.

Quien tenía la responsabilidad del proceso es la diputada Julia Espìnosa de los Monteros, de Morena, que preside la Comisión de Transporte. Ella estuvo en la mesa a la hora de entrevistar a los aspirantes, entre lo que se encontraba Rocío Montalvo de Unete Pueblo, quien sí sabe de transporte. Julia Espinosa de los Monteros, dijo quien sí y quien no había cumplido con los requisitos. María Elida no cumplió. 

Como quiera participó bajo el aval de Julia Espinosa y las diputadas Claudia Caballero, del PAN, y Beatriz de los Santos, de Morena la respaldaron. El problema es que Elida carece de conocimientos en el tema del transporte, sí en venta de productos de belleza y de limpieza, que es su trabajo. No importa el trabajo, bien pudiera ser una doctora en física molecular, una otorrinolaringóloga reputada o una astronauta, pero sobre el tema no sabe nada. 

Lo más indebido es que no cumplió con los requisitos: no llevó las cartas certificadas, mintió al decir que pertenece a la Asociación Civil Inacap Sapere Aude, de la que no hay registro como una organización activa, y uno de los fundadores, Julio César Puente Ledezma, es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, tampoco esbozó, cuando menos, un plan de trabajo. Y participó. Y entró.

Después se supo que Elida es conocida en Morena, particularmente en Escobedo, pero por conflictiva. Y que trabajó, como mostradora de productos de limpieza, en una empresa ligada a los prestanombres de Clara Luz Flores y Abel Guerra en el transporte, quienes consiguieron el apoyo de Manuel Vital, Secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno independiente y de Francisco Cienfuegos, coordinador de los diputados priistas en el Congreso y aspirante a la alcaldía de Monterrey. 

      La solución del caso, estilo Mickey Spillane, es que ellos operaron para respaldar a Clara Luz Flores en sus aspiraciones políticas y en sus intereses en el transporte de pasajeros, el PAN, el PRI y Morena, partidos que han estado involucrados en las espiraciones de la alcaldesa, y un testaferro del gobierno independiente. De esta manera tendrían a alguien colocado en la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad que les sirviera. Así los verdaderos convencidos en mejorar el servicio del transporte se verían frenados. El resultado: el prejuicio para los usuarios. Pero a ellos, qué les importa eso.