Aunque actualizado técnica y biológicamente, el modelo de formación y ejercicio obstétrico en Nuevo León es el que tradicionalmente se ha utilizado y puede ocasionar situaciones identificadas como perjudiciales para la salud emocional y física de la mujer y del bebé durante el embarazo y el parto.

 Tan sólo el año pasado, en nuestro Estado se realizaron 49 mil 732 cesáreas de un total de 91 mil 169 nacimientos, para un porcentaje del 54.55%, el cual no varió mucho comparado con las 49 mil 234 cesáreas de 92 mil 642 nacimientos ocurridos en el 2017, (el 53.14%) y, con los 49 mil 601 cesáreas de 93 mil 866 nacimientos en el año 2016 (el 52.84%).

 Lo grave de la situación es que la Organización Mundial de la Salud (la OMS), ha demostrado la amplia relación que existe entre una tasa alta de cesáreas y el aumento en los casos de muerte materna. Mediante recientes estudios reveló que cuando la tasa de cesáreas se acerca al 10%, disminuye el número de defunciones, pero cuando la tasa va por encima del 10%, no hay indicios de que las tasas de mortalidad se reduzcan.

 Otros estudios internacionales también han confirmado que ha mayor tasa de nacimientos vía cesárea, mayor es la tasa de complicaciones y muertes maternas, debido a que las incidencias de diversos padecimientos tienen una presentación hasta cuatro veces mayor. Por ejemplo, la laceración cérvico-vaginal tiene incidencias de 40.9 y 9.8 por cada 100 mil cesáreas y partos, respectivamente, de modo que el riesgo general de complicaciones en nacimientos vía cesárea es 3.2 veces mayor comparado con el parto.

 En México, al igual que en el resto del mundo, el aumento de cesáreas innecesarias ha sido determinante en la mortalidad materna y perinatal, sin dejar de lado que en la mayoría de los casos representan una violación a los derechos obstétricos de la mujer y al interés superior de la niñez.

 Por ello, resulta lamentable que Nuevo León sea señalado como “La Capital Mundial de la Cesárea”, pues considerando exclusivamente a los centros de atención médica del sector privado, el porcentaje de este procedimiento se dispara a más del 90% de los partos realizados.

 Lo anterior, en franco menoscabo de la recomendación de la OMS, que sugiere como porcentaje máximo de cesáreas un 15%. Este comportamiento anómalo debe llamar la atención de las autoridades del sector salud.

 El elevado número de cesáreas, indudablemente aumenta los costos de la atención médica tanto en el sector público como en el privado, debido a los insumos que se necesitan, a los tiempos de estancia que son más prolongados y al tipo de prestador de servicios, pues se requiere mayor especialización. Por otra parte y debido a su mayor costo, las tasas elevadas de cesáreas innecesarias pueden consumir recursos de otros servicios en los sistemas de salud público, de por sí ya sobresaturados, frágiles y fragmentados.

 Problema adicional, y muy controvertido, es el riesgo para la salud de la madre y del bebé que son sometidos a la cesárea de manera programada. Pareciera que los riesgos son mínimos, empero dicho procedimiento tampoco está exento de incidencias, a pesar de los argumentos que los obstetras utilizan (horrar tiempo y evitar dolor) para inducir a la cesárea y que en el caso del sector privado está directamente asociado con incentivos económicos.

 La cesárea cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la morbimortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no están demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar la salud de la mujer, del neonato y de cualquier embarazo futuro.

 Estos riesgos son mayores en mujeres con escaso acceso a una atención obstétrica integral. Por ello, la OMS ha declarado que la cesárea podría ser necesaria cuando el parto entrañe un riesgo a la madre o al bebé. Por ejemplo, trabajo de parto prolongado, sufrimiento fetal, posición anormal del bebé o complicaciones significativas que pueden causar muerte o discapacidad, pero siempre y cuando sea en establecimientos con prácticas quirúrgicas seguras.

 Ante esta situación, el compromiso de grupo promotor de la iniciativa de Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna es lograr su promulgación en el Estado de Nuevo León, bajo el eje conductor de los derechos humanos de la mujer embarazada y el interés superior de la niñez.