Desde este espacio manifestamos nuestro público beneplácito por la designación del doctor Santos Guzmán López como próximo Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como nuestras públicas gracias al Rector saliente, el ingeniero Rogelio Garza Rivera.

     Felicitamos a la gran comunidad universitaria por llevar a cabo el relevo del titular de la Rectoría con plena autonomía; es decir, por ejercer su facultad y responsabilidad constitucional de gobernarse a sí misma con toda libertad.

     Estamos convencidas de que el proceso de convocatoria, auscultación y designación del nuevo Rector -el mayor responsable del engrandecimiento de la Universidad y de realizar su misión de crear, preservar y difundir la cultura superior al servicio de la sociedad nuevoleonesa-, se apegó a la Ley Orgánica, al Estatuto General y al Reglamento Interior de nuestra máxima casa de estudio.

     Reconocemos por ello a la Junta de Gobierno del Consejo Universitario por designar de manera unánime al doctor Santos Guzmán López, después de una serie de entrevistas y de una valoración de los planes de trabajo de otros cuatro aspirantes registrados para ocupar el cargo.

     Por tal virtud, expresamos los mejores deseos y parabienes en su desempeño al futuro Rector, quien asumirá el cargo a partir del 28 de octubre de este año hasta el 27 de octubre del 2024.

     Queremos señalar que en el Congreso del Estado mantendremos firme el compromiso de apoyar a la Universidad del Pueblo y que pugnaremos porque la Universidad Autónoma de Nuevo León sea ejemplo en el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer educación media superior y superior de manera obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, tal y como lo dispone la reforma educativa promulgada el 15 de mayo del 2019.

     En términos de la fracción décima del Artículo Tercero Constitucional, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior corresponde al Estado Mexicano y esto nos compromete a trabajar en el establecimiento de políticas públicas que fomenten la inclusión, permanencia y continuidad en los estudios profesionales y, sobre todo, en los mecanismos financieros para proporcionar los medios de acceso al nivel educativo superior a quienes cumplan los requisitos que dispongan las propias universidades públicas.

     Tanto la Legislatura federal como nuestra Legislatura estatal deberán de lograr los consensos necesarios para destinar presupuestos suficientes, así como apoyos especiales o extraordinarios que ayuden no solamente a subsanar las crisis financieras que sufren muchas universidades públicas, sino a cumplir el nuevo reto social establecido en la Constitución.

     Precisamente, el pasado mes de marzo la Cámara de Diputados avaló la Ley General de Educación Superior, una vez que la Cámara de Senadores la había aprobado en diciembre del 2020. Se trata de una ley reglamentaria del Artículo 3 de la Constitución, en la cual se ratifica la gratuidad de este nivel universitario de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto, donde además se refrenda el respeto a la autonomía universitaria.

     El reto es que ningún alumno o alumna con aspiraciones y ganas de estudiar se quede sin la oportunidad de ingresar a la educación superior por falta de cupo, ni se le impida el derecho a la movilidad social para superarse y así contribuya con su esfuerzo al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y a tener un mejor mundo en el que nadie se quede atrás.

     En este sentido, agradecemos al actual Rector, el ingeniero Rogelio Garza Rivera, por robustecer el Sistema de Becas UANL en convenio institucional con el Congreso del Estado, el cual permite a las familias un ahorro del 50 por ciento en el pago de la Cuota de Rectoría para que sus hijas e hijos salgan adelante.

     Sin embargo, para dejar atrás el Sistema de Becas y la UANL pueda ofrecer la educación superior gratuita como lo manda la reforma educativa, se requiere un apoyo federal de mil 200 millones de pesos al año, adicionales a los cinco mil 400 millones que recibe actualmente del Gobierno Federal y a los mil 700 millones de aportaciones estatales, de acuerdo con un análisis presupuestal sobre el costo que implica la educación superior gratuita.

     Tal es el desafío de nuevo Rector y el compromiso de todas y de todos para canalizar mayores y crecientes recursos que cubran la demanda estudiantil, satisfagan las necesidades y consoliden las fortalezas de la universidad pública en la lucha por la verdadera transformación de Nuevo León y de México.