Por una esquina, los usuarios siempre esquilmados, trasquilados, decapitados casi, capados casi; por otra esquina: los empresarios insistentes en no perder los niveles altos de sus cuentas bancarias en dólares, con lo que demuestran, además de su ambición, su falta de creatividad y propuestas para solucionar el problema del transporte urbano; como réferi, el gobierno del estado a través de Manuel González, secretario de gobierno, en esta pelea que bien podría ser la estelar de una función dominical de la arena Coliseo.

Pero no lo es, bueno sí, es una pelea, pero abajo del ring, entre protagonistas aferrados a sus propios intereses. Los usuarios no quieren el desmedido aumento que piden los transportistas porque su capacidad económica está más que mellada, no se puede más; los empresarios, en lugar de contratar especialistas para hacer una revisión crítica del sistema de movilidad del transporte, se ciñen a su única propuesta: el aumento. Se han hecho millonarios, en particular Abelardo Martínez (denunciado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón) a cambio de un pésimo servicio, y de estar siempre lloriqueando.
La situación está que arde. Sin embargo, el justo medio en que se ha convertido el gobierno del estado ha fijado bien su posición, quizá como nunca antes: no al aumento. Es decir: está del lado de los usuarios. Y se inclina por el mejoramiento de la prestación del servicio. Y dentro de las negociaciones acepta el aumento de un peso en la tarifa de pago en efectivo sin aumento en la tarjeta feria, sumado al peso que le rebajarán al precio del diesel, son dos pesos de aumento, además de otros incentivos.

Desde luego, los empresarios, en particular -otra vez Abelardo Martínez- están inconformes: a producto de gallina quieren el exagerado aumento. No hay de otra para ellos, cuando en realidad hay muchas otras maneras de mejorar el servicio sin que vean disminuidas sus ganancias. Además, el tristemente célebre Abelardo no entiende que no es el dueño del servicio, es el dueño de las unidades del transporte y su funcionamiento, pero no más. Con eso quiere ganar todo, cuando en realidad se trata de la prestación del servicio como una función social, por eso son las concesiones que ha otorgado el gobierno del estadio, que, en cualquier momento, ante la falta de incumplimiento de la Ley, las puede retirar.

Los empresarios quieren el aumento, y si fuera a 50 pesos el boleto estaría mejor para ellos, porque no les interesa para nada los usuarios que son precisamente de quienes viven como marajás, eso porque el ex gobernador Rodrigo Medina los dejó bien chiflados: era si no un rehén de los empresarios, só cómplice o chómpira o socio por abajo del agua, quizá no deseaba conflictos políticos, como un paro del transporte, quién sabe. Lo cierto es que los empresarios han amagado con eso al actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón, sin haber cedido a sus presiones, chantajes u ofrecimientos redituables.

Se espera que a más tardar en 15 días se dé punto final a esta pelea y que el réferi, Manuel González, venza las tentaciones para que se lleve la fiesta en paz sin lastimar más a los usuarios, en su mayoría trabajadores del mínimo, estudiantes y personas de la tercera edad.