De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, México cuenta con una calificación de 31 sobre 100 en el nivel de corrupción percibido dentro del sector público, dos puntos arriba del indicador del 2019 que estábamos con 29 puntos. Esto lo ubica en el lugar 124 de 180 países analizados, y continúa siendo el país con la calificación más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran. Su mejor evaluación histórica, fue en 2014 con 35 puntos. 

Los primeros lugares del índice los tienen Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos; seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 cada uno. 

En los últimos lugares se ubican Sudán del Sur, Siria y Somalia con 14 y 12 puntos. Estados Unidos está en el lugar 67, la peor calificación desde el 2012.

Transparencia Internacional, es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción desde hace más de 25 años. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es el instrumento más acreditado a nivel internacional en medición de percepción de la corrupción; registra la opinión de analistas, personas expertas y mujeres y hombres de negocios de diversos países sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados. 

Utiliza una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente). El nuevo reporte no se salva del impacto del COVID-19. Para Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional el COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es también una crisis de corrupción. 

En el año de la pandemia, la corrupción afectó la forma de responder a la crisis sanitaria, con malversaciones de fondos, robos, ausentismo, inflación de precios, favoritismo y manipulación de datos. Todo esto trascendió y tuvo impacto en la percepción.

Los países con mejor puntuación invirtieron más en sanidad, cuentan con mayor cobertura de salud y fueron menos propensos a vulnerar los derechos humanos y a las instituciones involucradas en la atención a la pandemia. De igual forma, fueron más transparentes en el manejo de los datos.

En América Latina, Uruguay, obtuvo la puntuación más alta (71); según expertos este país realizó una fuerte inversión en sanidad y ha tenido un efectivo sistema de seguimiento de la epidemia. Brasil considerado el peor país en el manejo del COVID tuvo la puntuación de 38 y se ubica en el lugar 94/180. Venezuela, con la peor crisis humanitaria desde el 2012, obtuvo 15 puntos.

Las recomendaciones de Transparencia Internacional para combatir la corrupción son: Reforzar las instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan; contar con procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos; defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos; y publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender.

Sin duda, estas recomendaciones referidas a México van dirigidas a AMLO y de manera especial a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia evitar la impunidad que tanto nos afecta.

Ya hemos dicho que México necesita, como decimos los regios, “actuar derecho”, es decir, hacer las cosas bien, con ética. La corrupción, la impunidad y la falta de confianza están acabando con nuestro país.

Necesitamos confianza para crecer y tener bienestar. Confianza hacia las instituciones, hacia líderes políticos y hacia nosotros mismos. Ciertamente hay crisis en los tres factores, pero necesitamos estar dispuestos a querer creer y a exigir el cumplimiento del estado de derecho; sólo así lograremos ejercer un efecto multiplicador basado en la cultura de la legalidad.

La confianza se basa en la honestidad, en el respeto, en la transparencia y sobre todo en la consistencia entre lo que se dice, hace y piensa. 

La única opción para romper con este círculo vicioso es la cultura de la legalidad. Una profunda autoconciencia y acción para respetar las leyes. 

Los cuatro pilares de la cultura de la legalidad son: Conocer, respetar, rechazar y denunciar; refiere a las normas jurídicas y sociales, a no tolerar la ilegalidad.

Adela Cortina, filósofa española señala que cuando un sistema político y de organizaciones es más transparente, es más fácil ser ético.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com