El futuro democrático del país está en juego. Así de grave es la propuesta del Plan B de la Reforma Electoral. 

El presidente, argumentando eficiencia presupuestal, prefiere contar con mecanismos para que el gobierno intervenga en los procesos electorales anulando la fuerza y respeto ganado por el INE.

La propuesta de cambio a la Constitución con la denominada Reforma Electoral no pasó en diciembre 2022 por lo que ahora, el Plan B, pretende cambios significativos en las leyes electorales. Qué pillo AMLO pues sin modificar la Constitución, lograría su objetivo contra el INE.

El Plan B tiene cambios a seis leyes secundarias en tres temas generales: Primero. El ejercicio de derechos político-electorales para ofrecer la garantía de voto a las personas en prisión preventiva, con discapacidad en estado de postración y en el extranjero. 

Segundo: El funcionamiento del sistema nacional electoral que propone reducir y rediseñar la estructura de autoridades electorales nacionales y locales. Desaparece la secretaria ejecutiva y el servicio profesional de carrera. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas. Acota las facultades de interpretación y sanción de autoridades electorales. Desaparece el PREP ya que los cómputos para el conteo de votos iniciarían el mismo día de la elección. 

Los especialistas señalan que estos cambios afectarían a más del 80 por ciento de su estructura profesional y operativa.

Tercero. Rediseño del sistema de justicia electoral que afecta los procedimientos de impugnación, quejas y sanciones. 

Por lo pronto, en la revisión de la minuta por parte de la comisión de los senadores, la cláusula de la “vida eterna” para los partidos pequeños fue rechazada. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó que los partidos grandes puedan traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tengan en coalición para que así conserven su registro político. Esto fue rechazado por los senadores al considerar que los partidos satélites además de garantizar su financiamiento público son utilizados con fines de aprobación mayoritaria a los intereses del partido que los sostiene. 

De aprobarse esta reforma de ley, que entraría en vigor en agosto 2023, volveremos a la posibilidad del fraude electoral con padrones alterados, tacos de votos, contabilidades fraudulentas, votos comprados e instalación de casillas según criterios de agenda política. 

No es difícil imaginar el escenario con la sustitución de los representantes ciudadanos, que avalan la legitimidad del proceso y resultados, por integrantes de los partidos. 

Así mismo, la posibilidad de solucionar los conflictos post electorales a través de la posición institucional quedaría eliminada al ser la Secretaría de Gobernación quien decida. La libertad y confiabilidad ganadas por el INE se perderían. Quizá el abstencionismo aumentaría ante la falta de credibilidad de los procesos.

La ciudadanía ha sido clara: No a los cambios al INE, no a perder lo que hemos ganado en democracia, no a la imposición antidemocrática del Plan B.

La Suprema Corte de Justicia es el último recurso para defender la autonomía del INE y de todas las instituciones en peligro.

“…defender lo construido en el terreno electoral, esfuerzos de varias generaciones fueron necesarios para edificar normas e instituciones capaces de garantizar elecciones libres, equitativas y organizadas de manera imparcial…es necesario acudir al Zócalo y a las demás plazas de la república el próximo domingo, para manifestarle a la Corte que no permita esa regresión”, expresó José Woldenberg, exconsejero electoral. 

Todos a marchar el próximo domingo 26 de febrero para defender al INE

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com