Las fuerzas militares de México tienen un antes y un después de AMLO. Hay un cambio evidente en sus funciones y en la percepción de la comunidad hacia esta institución.

En 2018, cuando AMLO empezó su ejercicio presidencial, las fuerzas armadas de México tenían altos niveles de confianza ciudadana y eran muy apreciados por la población, estaban totalmente orientados a la seguridad pública y a la ayuda en situaciones críticas como terremotos o desastres naturales. Su nivel de aceptación llegó a superar el 70 por ciento en 2020. Ahora, el ejército ha estado envuelto en situaciones “incómodas” que, sin duda, han afectado la percepción de la población y, por ende, hay polarización de opiniones.

La detención en el 2020 del General Salvador Cienfuegos “El Padrino”, secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto, acusado por vínculos con el crimen organizado y luego exonerado; la asignación a tareas estratégicas para la Cuarta Transformación; la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y ampliar su presencia en las calles; la información divulgada por el hackeo del Grupo Guacamaya; y la negativa del General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de Defensa a dialogar con los congresistas, han afectado la credibilidad de esta institución militar.

Cuando Andrés Manuel tomó posesión en 2018, en su primer mensaje como comandante supremo de las Fuerzas Armadas habló de crear la Guardia Nacional. En ese discurso, manifestó su confianza en las Fuerzas Armadas “porque sus mandos no están coludidos en negocios al amparo del poder público”, expresó.

“Los almirantes no forman parte de la oligarquía, como suele pasar en otros países. En la revisión de sus expedientes veía que los generales, cuando muchos dos casos, (tenían) un departamento, una casa, dos carros, no hay oficiales millonarios, mucho menos multimillonarios”, afirmó en su primer mensaje.

Planteó el proyecto de Guardia Nacional como respuesta a la insuficiencia de personal policial para atender la seguridad pública en el país. La formó en el 2019 con el plan de estar hasta el 2024.

A tres años de ese mensaje, las cosas son muy diferentes.

Como contexto, de las 19 secretarías de estado, hay tres que tienen que ver con la seguridad: La de Defensa Nacional; la de Marina; y la de Seguridad y Protección Ciudadana. La de Defensa Nacional cuyo titular es el General Luis Crescencio Sandoval, agrupa al ejército y fuerza aérea.

La de Marina integra la Armada de México que maneja costas, espacio aéreo marítimo y el mar territorial. La de Seguridad y Protección Ciudadana integra al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional.

De las tres secretarías de seguridad, la de Defensa Nacional es la que ha crecido en poder y control de recursos estratégicos. Queda la duda, al menos para mí, quién es el manipulado: el presidente o el General Sandoval.

El ejército es ahora la gran empresa del país sin candados de fiscalización. Además de tener el control de la seguridad pública, es responsable también de los grandes proyectos del presidente; administra aeropuertos, trenes, aduanas y próximamente una aerolínea. 

También tendrá a la Guardia Nacional, tema que preocupa a expertos y a ciudadanos. De acuerdo con la investigadora mexicana Beatriz Magaloni, ganadora del Premio Estocolmo de Criminología de 2023 por sus estudios sobre la violencia policial ejercida en México y Brasil, militarizar a la policía significa darle herramientas, estrategias y una mentalidad de soldados, en lugar de defensores de la ley. Si una policía civil depende de los militares es militarizada porque tiene tácticas y una mentalidad y una serie de herramientas que son más compatibles con un estado de guerra que con un estado de paz. Ésa es una forma de militarizar la policía. Pasar a la policía dentro de la Secretaría de Defensa Nacional no es recomendable en general ni en México, según la investigadora, uno de los países con más violaciones de derechos humanos tanto por parte de los grupos criminales en asociación con autoridades, como de la policía en sí.

Por otra parte, las revelaciones de los Guacamayos exhiben a un ejército que viola la ley, utiliza la tortura, oculta información y que, además, protege al narco-Estado. Según estos archivos la Guardia Nacional está involucrada con dos bandas delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos, en Tabasco y Puebla, y el tráfico de drogas y migrantes en Veracruz. Además, hay un presunto encubrimiento dentro del ejército hacia elementos relacionados con los hechos de Ayotzinapa y denuncias de corrupción en las aduanas. Seguramente saldrá más información.

Estos temas militares se presentan en un entorno cada vez más crítico de inseguridad en el país. 

El poder corrompe.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com