La integridad, la ética, el estado de derecho y los valores son las únicas banderas que tenemos los seres humanos para seguir cuidando el bien, la verdad y la justicia. 

Ante dilemas éticos no debe haber duda de cómo resolverlos si tenemos claro que lo que se busca es preservar la integridad de las personas y el respeto a los derechos humanos; y cuando se trata de temas personales, nuestra dignidad debiera ser la única decisión por cuidar.

El dilema es un conflicto entre dos o más situaciones en la que todas parecieran incorrectas desde el punto de vista moral o ético. Para los filósofos, “el residuo moral”, que se refiere a emociones como la culpa o el remordimiento o la impresión de haber hecho algo mal ante un dilema, indica la respuesta adecuada.

El caso de la ministra Yazmine Esquivel, y el plagio de su tesis, es un magnífico ejemplo de violación a la ética e integridad personal, profesional y social. No hay duda. Ella decidió, en su momento, con alevosía y ventaja, y lo sigue haciendo al no reconocer la culpa.

La UNAM se dice carecer de mecanismos jurídicos para invalidar el título profesional otorgado a Esquivel por lo que la decisión la turnó a la Secretaría de Educación Pública. Ahora la SEP regresa la determinación a la UNAM al señalar que este organismo no quita títulos. Juego de pelota.

Aunque la ministra se victimice no hay dilema, está muy claro que ella ha sido deshonesta en todos los trabajos que ha tenido y ahora como ministra de la Suprema Corte ofende la investidura que tiene, a la sociedad, a los académicos y al gremio profesional. Nos lastima a todos los mexicanos.

“Mi tesis…es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez” afirmó. Además, presentó, con el apoyo de su asesora, un presunto testimonio del estudiante en donde él acepta que plagió el trabajo de la funcionaria. Testimonio que posteriormente el egresado y el notario involucrado desmintieron. También presentó declaraciones de maestros quienes señalaban “su pulcritud académica”.

Ahora la ministra señala “no tengo nada de qué avergonzarme…participaré en la sesión de hoy y todas las consecuentes. Y hoy, más que nunca, por la seguridad de las personas”, y continúa defendiendo la autoría de su trabajo. 

Ella ha mentido y sigue mintiendo. Señala que las pruebas presentadas no han sido valoradas.

El Congreso de La Unión, a través de un juicio político, es el único que puede destituir a un ministro o ministra de la corte. El artículo 98 de la Constitución mexicana señala que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves y serán sometidas al presidente, y si este las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

En México a nivel federal, nunca habido un juicio de esta naturaleza. El caso de Enrique Peña Nieto cuando Aristegui publicó en 2016 el plagio del 29 por ciento de su tesis, la Universidad Panamericana, su alma máter no canceló su licenciatura. En Europa se documentan casos de funcionarios que han renunciado a sus cargos por plagio. 

El Consejo General de la Abogacía Mexicana, conformado por diversas organizaciones y colegios especializados en el ramo exige la renuncia de la funcionaria al señalar que su permanencia en el cargo es éticamente insostenible. El Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado (INCDA) revocó el diploma y reconocimiento de honor que le otorgó a la ministra en 2015.

La ministra debe renunciar. Más allá de quién debe invalidar su título profesional hay una conducta deshonesta que ha sostenido por años y que es inadmisible. No puede defender causas injustas si ella misma no ha respetado los códigos de ética sociales y profesionales. El respeto a la integridad de los demás empieza por uno mismo.

Vamos a ver si efectivamente AMLO quien originalmente dijo “el que esté libre de culpa que tire la primera piedra” y que de alguna manera justificó el caso comparándolo con otros políticos según él “peores”, toma cartas en el asunto demostrando que efectivamente no permite la corrupción.

Por si fuera poco, su marido, el consentido de AMLO, José María Riobóo, está también en el ojo del huracán por la adjudicación directa de contratos en proyectos oficiales y por querer meter a la cárcel a su ex nuera.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com