Hablar del matrimonio infantil no es referirnos solamente a una práctica social o a una cifra estadística. Es hablar de niñas cuya infancia se interrumpe, cuyos sueños se posponen y cuya libertad es atrofiada por decisiones de otros. Es hablar de historias marcadas por la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades, herencias del machismo patriarcal.

Cuando una niña es obligada a unirse en matrimonio o convivir con una persona adulta, pierde su derecho a elegir y la posibilidad de desarrollarse a plenitud como mujer en condiciones de dignidad e igualdad.

En nuestro país persisten tradiciones, usos y costumbres. Sin embargo, algunas de ellas son nocivas por vulnerar derechos humanos, ya que la problemática del matrimonio infantil entrelaza factores históricos, sociales, económicos, políticos y de género, cuya persistencia detona profundas repercusiones en el tejido social, al limitar el desarrollo integral de las niñas.

De acuerdo con la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la prevalencia del matrimonio infantil en México es del 21 por ciento; es decir, del grupo de mujeres de 20 a 24 años de edad, una de cada cinco fueron unidas o casadas antes de los 15 o 16 años, mientras que la prevalencia del grupo de niñas casadas menores de 15 años, es del 4 por ciento y de las adolescentes casadas de 15 a 17 años, es del 16 por ciento.

Un factor determinante en esta problemática es la desigualdad social y económica en diversas zonas del país. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2020), las mujeres que fueron unidas entre los diez y 14 años, cuatro lo hicieron por razones coercitivas, 7.6 por ciento por embarazo prematuro, 7.8 por ciento por huir del hogar, 4 por ciento por ´robo´ forzado y 2.6 por ciento por dinero.

En respuesta a esta situación, desde el 2020 cobraron vigor reformas al Código Civil Federal y a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíben el matrimonio infantil en todo el país y establecen como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años sin excepción. Estas modificaciones son un avance en la protección del interés superior de la niñez.

Asimismo, en el Código Penal Federal se tipificó la figura de la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes como conducta delictiva contra menores de edad. No obstante, resulta necesario que dicha figura legal sea incorporada en las legislaciones estatales, con el fin de que exista coherencia jurídica para evitar vacíos legales que dificulten su persecución y sanción.

Las repercusiones de estas prácticas son considerables en la comunidad, ya que afectan el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, al someterlas a la decisión de un tercero o del padre de familia por lo general.

En el matrimonio infantil no se cuenta con madurez emocional ni psicológica ni económica para asumir responsabilidades conyugales y parentales en condiciones de plena autonomía. Como consecuencia suelen presentarse abusos sexuales, violencia de género y hasta feminicidios.

La erradicación del matrimonio infantil no puede limitarse únicamente a la prohibición legal, requiere de una atención integral a las causas estructurales que lo originan, como la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a la educación y los patrones culturales discriminatorios del patriarcado.

Por ello, desde Nuevo León lanzamos la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, para que las autoridades estatales y municipales estén obligada a tomar las medidas necesarias a efecto de prevenir, investigar, atender y sancionar el matrimonio infantil, así como implementar estrategias de prevención, monitoreo o denuncia del acoso sexual en cualquiera de sus modalidades y la restitución de derechos en un ambiente que fomente la salud física y psicológica en pleno respeto a sus derechos.

El matrimonio infantil es una violación grave a los derechos humanos que interrumpe la educación, la salud y el desarrollo de millones de niñas en el mundo y que en Nuevo León tenemos que erradicar. Este 8M debe servirnos para recordar que la igualdad de género no será posible mientras las niñas pierden su infancia y su futuro por el matrimonio forzado ¡Reivindiquemos su derecho a mantenerse en la escuela como principal medida de prevención!