El monto de la sanción es derivada de múltiples denuncias ciudadanas vecinales y de grupos ambientalistas, que contaron con el respaldo periodístico de The Guardian y Quinto Elemento Lab, cuya investigación y estudios clínicos revelaron peligrosas acumulaciones de micro partículas contaminantes de los referidos metales pesados en casas y escuelas de las colonias Lázaro Cárdenas, Lomas del Roble, Tabachines, Balcones de Anáhuac, Residencial Anáhuac, Villas de Anáhuac, Rincón de Anáhuac, Balcones de Anáhuac, Villa Universidad, Casa Bella, Nexxus, Residencial California y El Mirador, todas ubicadas en el sector norponiente del municipio de San Nicolás de los Garza.

Los riesgos a la salud de mayor consideración por las actividades de reciclaje de residuos industriales peligrosos (polvos de acerías), que la empresa ha llevado a cabo durante más de siete décadas, los corren ahora la población infantil tanto de escuelas públicas como privadas de la zona, entre ellas los Centros de Desarrollo Infantil 1, 9 y 12 del Frente Popular ´Tierra y Libertad´.

Sorprende que la multa de 83 millones de pesos y las 24 acciones correctivas fueron aplicadas a Zinc Nacional desde el pasado 17 de diciembre del 2025, pero hasta el 23 de enero de este año la propia Profepa las hizo públicas al dar a conocer la firma de un Convenio de Responsabilidad Ambiental Objetiva.

Entre los impactos identificados por la Procuraduría Ambiental están los asociados con el almacenamiento de miles de toneladas de residuos de metales pesados a cielo abierto, así como de materia prima depositada al aire libre en los patios de la empresa, cuyos óxidos lixiviados por escurrimientos de lluvias terminaron en calles y casas de las colonias vecinas. 

Por ello, una de las principales acciones impuestas a Zinc Nacional es la reubicación de sus procesos de recepción, tratamiento, reciclaje y reúso de millones de toneladas de materiales chatarra importados de plantas acereras de Estados Unidos, así como de paletizado y calcinación a una nueva planta fuera del área metropolitana de Monterrey y alejada de zonas habitacionales.

Cabe cuestionar que tras la imposición de la multa, de las acciones de restauración y de la firma del Convenio de Responsabilidad, fueron retiradas varias clausuras y levantadas una serie de suspensiones y paros técnicos de procesos industriales impuestos a principios del 2025 por las autoridades ambientales estatales, con el apoyo de la Profepa.

Otro resultado de las inspecciones será la conformación de una Red de Monitoreo Atmosférico, con carácter convencional y de regulación federal para toda industria peligrosa, como Zinc, asentada en el AMM.

Si bien la multa y las acciones de remediación representan una costosa sanción para los dueños de la planta, no curan el daño causado a la salud de las familias vecinas ni el deterioro al medio ambiente de la zona.

De manera reiterada hemos señalado que la solución de fondo es la reubicación total y definitiva de la planta, incluso que sus instalaciones y bodegas no solamente sean desactivadas sino desmanteladas, para que no quede ningún residuo peligroso contaminante.

Tras las sanciones de la Profepa todavía falta esperar los resultados del estudio integral de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), que preside la doctora Alicia Bárcenas Ibarra, titular de la Semarnat, para conocer los impactos de las empresas contaminantes y ordenar medidas de reducción, suspensión y clausura de emisiones conforme a la LGEEPA.

Asimismo, los resultados de los análisis clínicos a personas afectadas por exposición a las emisiones contaminantes de Zinc Nacional, aplicados por la Secretaría de Salud y la de Medio Ambiente del Estado, para determinar de manera legal y transparente la reubicación definitiva de dicha planta chatarrera.  

¡Con la salud del pueblo no se pueden tomar soluciones a medias!