Después de fundada en forma definitiva la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, en 1596, había que sostener el proyecto de poblamiento pero el reto era mayúsculo. El período inicial de asentamiento contó con el desconocimiento de la población originaria  de las prácticas esclavistas de los nuevos residentes, confiados fueron sometidos a una autoridad déspota, bajo el título de encomiendas, donde las rancherías indígenas eran secuestradas para trabajar para los nuevos amos, y éstos no se acomedían ni siquiera para sostenerlos en su manutención alimentaria, obligaban a los varones indígenas a que consiguieran comida para los suyos, mientras los hijos y las mujeres permanecían secuestradas, como medida de aseguramiento para un retorno forzado.

Aquellos que se resistían a este vasallaje, eran esclavizados y enviados a las minas donde su destino fatal estaba sellado. Los infantes indígenas que sobrevivieron a este período inicial, así como los que nacieron durante la fecha de fundación y los primeros tres lustros del siglo XVII, es decir, hasta 1615, estas nuevas generaciones despertaron traumáticamente ante la realidad de un comportamiento sistemáticamente cruel por parte de los nuevos colonos.

El odio se albergó en sus corazones por años y se transmitió de generación en generación. Para el año de 1625 Nacabaja, indio tepehuano, llevó a cabo su venganza asesinando a sangre fría al Cuaujuco, cacique indio que dominaba la región de Santiago. Este acto de Nacabaja fue el momento clave en que la verdadera rebelión indígena se alzó sobre el Nuevo Reyno de León.

El recién nombrado gobernador Martín de Zavala, el Mozo, fue muy dedicado y realmente quería ayudar a los residentes de la Villa de Santa Lucía para que prosperaran, pero éstos lo recibieron con desconfianza y conspirando secretamente en su contra. En su intento por mejorar las condiciones de vida de la población, el joven gobernador, hijo de un minero que había amasado una fortuna en las minas de Zacatecas, decidió fomentar la minería y la ganadería como alternativas a la cacería de indígenas que practicaban asiduamente los primeros regiomontanos y su descendencia.

Provenientes de Zacatecas llegaron expertos mineros a explorar y explotar las minas de la región. También llegaron colonos ganaderos que aprovecharían las extensas tierras para el pastoreo.

A pesar de las buenas intenciones del gobernador  Zavala, el daño ya estaba hecho, y la guerra estalló. El gobernador trató de negociar con los grupos indígenas pero en el año de 1626 se desataron las sublevaciones y ataques por ambos bandos. El cronista Alonso de León narra de manera bastante descriptiva la cantidad de muertes, especialmente de los españoles.

No había ningún lugar seguro donde trabajar, en las minas eran atacados de manera sorpresiva y, en los campos, el ganado era hurtado sistemáticamente por los indios, que se alimentaban de estos animales sin comprender el sentido de la propiedad privada, además los encontraban pastando en sus antiguas tierras, por lo que les parecía normal cazarlos.

La guerra duró diez años (1626 a 1636), los ataques de los indios se volvieron cada vez más frecuentes y violentos, en el año de 1632 los españoles tuvieron muchas bajas, por lo que el Cabildo de Monterrey solicitó al gobernador agravar las penas para los delincuentes: "declarando que los indios de mayor edad mueran por sus culpas, o que, por lo menos, se les quite la mano derecha y desoque (descoyunte) de los pies...".

El gobernador Zavala no estaba tan convencido de emitir los autos de guerra que le solicitaban, así que decidió consultarlo con la iglesia local, que no sólo estuvo de acuerdo sino que exigió más apremio: "no sólo puede, sino que debe en conciencia el señor gobernador, ejecutar, no sólo lo que el cabildo de la ciudad de Monterrey propone y pide, sino con mucho más rigor, pues la falta de él en tantas y diversas veces y la superflua e imprudente remisión que con ellos se ha tenido, fue causa de tantos y tan notables daños en este Nuevo Reino."

El gobernador incrédulo ante una postura que no remediaba en nada el encono y odio que motivaban esta guerra, decidió acudir ante una instancia religiosa superior ubicada en San Luis Potosí, allí un consejo de teólogos decidió que se trataba de una "guerra justa" en contra de los naturales de la región. Así que el conflicto siguió sin tregua, y comenzaron a desaparecer del mapa algunas tribus, la primera fue la de los tepehuanos que habían sido importados desde las minas de Mazapil, eran muy aguerridos y los exterminaron.

La ventaja económica de esta guerra es que aunque no prosperaba la agricultura, la ganadería ni la minería, la venta de esclavos seguía en auge y ahora era "legítima". Los indios capturados durante esta guerra eran vendidos de manera formal, inclusive enfrente de la casa del gobernador, a la luz del día y con toda normalidad, en estas transacciones se apartaba el quinto real, y los indios eran comerciados para ser mano de obra en minas ubicadas en el sur de la Nueva España, bajo el concepto de "esclavos por sentencias penales".

El concepto de Tierra de Guerra Viva hace referencia a este estado de sublevación permanente indígena y del abuso sistemático por parte de los colonos que se extendió por al menos doscientos años, pero durante este período inicial de 1626-1636 fueron duramente golpeados los grupos guachichiles y los tepehuanes, los alazapas también fueron arrasados, especialmente al vivir cerca de las minas de San Gregorio de Cerralvo.

Fue en el año de 1637 que tuvo lugar la batalla del Puerto de Zavala, ésta ocurrió a un costado del Arroyo Mojarras, al noreste de la Sierra de Papagayos; un combate liderado en persona por el gobernador Martín de Zavala, donde los indios alzados fueron cruelmente asesinados; a partir de esa fecha las hostilidades continuaron pero en menor escala, dice el cronista que además de los alazapas también fueron sistemáticamente doblegadas las tribus:  "icauras, guaracatas, acancuaras, inqueros, camahanes, icuanos y otras diversas naciones que con tan cruda y cruel guerra tienen infestado el reino".