"Erradicar el feminicidio en México requiere que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta".

Claudia Sheinbaum Pardo

La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio es un compromiso asumido en campaña y reasumido el Día Internacional de la Mujer del 2025, con el objetivo de erradicar esta forma más extrema de violencia contra las mujeres.

Por ello, la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 15 de julio, plantea tipificar el feminicidio en todo México con las mismas penas y agravantes, fortalecer las investigaciones y garantizar la atención integral a las víctimas y sus familias.

Actualmente existen diferencias en las 32 entidades federativas sobre la tipificación del feminicidio, tanto en los elementos del delito como en las penas y agravantes, así como en los protocolos de investigación y el debido proceso, deficiencias que han provocado la clasificación errónea de los feminicidios como homicidios o suicidios, pérdidas de evidencias y sub-registros,

De entrada, la iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y fija diez supuestos para acreditar dicho crimen, entre ellos los antecedentes de violencia, la violencia sexual, estereotipos o prejuicios de género, relaciones de poder y discriminación.

Propone una pena única de 50 a 70 años de prisión y 19 agravantes que aumentarían la sanción cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, discapacitada, novia, hermana, esposa, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, originaria, afrodescendiente o migrante, así como cuando el delito de cometa frente a hijas e hijos o se ataque con ácidos u otras sustancias.

La iniciativa determina sancionar la tentativa de feminicidio y estipula como penas adicionales la pérdida de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y custodia, derechos sucesorios e inhabilitación para servidores públicos.

De entrar en vigor como Ley obligará a todas las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia contra las Mujeres a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer e implementar un turno continuado de ministerios públicos, policías, peritos y personal técnico para garantizar la investigación ininterrumpida hasta la ejecución de la sanción.

Además obligará a aplicar mecanismos de prevención, protocolos de investigación con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto, preservación de indicios y coordinación institucional.

Adicionalmente, incorpora un capítulo sobre los derechos de las víctimas a una vida libre de violencia, acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asesoría jurídica especializada y gratuita, seguridad social para niñas y niños en orfandad, restitución digna de los cuerpos, servicio de traducción para pueblos originarios y reparación integral del daño.  

Contempla la creación de una Comisión Especial, de un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres y de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, para impulsar campañas de información y organizar grupos de apoyo técnico en la búsqueda de lograr la ¡cero impunidad!

A ocho años de los gobiernos de la 4T, el feminicidio sigue siendo un problema crítico y alarmante. Según datos de la Secretaría de Gobernación, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 5 mil 546 feminicidios, un promedio de 900 casos anuales. En dos años de nuestra primera mandataria, las cifras disminuyeron a 800 casos al año.

Por ser reflejo de la arraigada violencia de género en nuestra sociedad, exacerbada por el machismo patriarcal y neoliberal, la falta de una Ley General contra el feminicidio ha contribuido a la desconfianza social en todo el país y, lo más grave, en la esperanza de vida de las mujeres. 

Llegó la hora de que las políticas de prevención y atención a la violencia feminicida reciban presupuestos suficientes para crear un sistema de justicia efectivo, con personal profesional y capacitado que brinde protección oportuna, aplique penas severas y garantice la seguridad de las mexicanas.