Nuestro país posee diversos retos, sin duda, uno de los más importantes es el tema de la inseguridad. La violencia en sus diversas expresiones se mantiene en nivel promedio  de casi 100 homicidios dolosos diarios, esto en el transcurso de los últimos tres años del gobierno actual.

Se trata de una violencia social desparramada a lo largo del territorio nacional, con mayor intensidad en aquellos territorios que  se encuentran en disputa por el control  de los cárteles involucrados en el conflicto.

Las cifras que se presentan superan los 100,000 homicidios dolosos  a lo largo de los últimos tres años, así como la existencia de reclutamiento forzado de niños (la leva), las minas personales, los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, el maltrato y mutilación de cadáveres, los feminicidios, el asesinato de policías, los territorios que el ejército mexicano requiere retomar el control de los mismos ya que se encuentran en manos de los cárteles, los atentados con coches bomba, el uso de explosivos con drones en contra  del ejército, el derribamiento de helicópteros militares, el uso de vigías, el corte de las comunicaciones terrestres a través de  zanjas en las carreteras que comunican diferentes poblaciones, las desapariciones de múltiples personas, los ataques contra población civil inocente para calentar la plaza, la contratación de mercenarios para dirigir los ejércitos privados, el uso de monstros, es decir, vehículos armados de manera artesanal con protección de blindaje, el uso de armamento contra blindaje, los campos de exterminio de rivales, las masacres, los campos de entrenamiento de los nuevos reclutas,  entre otras estrategias, revelan, de manera clara, que el país está en llamas, tenemos una guerra al interior que lleva casi dos décadas ininterrumpidas.

Sabemos que las organizaciones criminales en conflicto, son empresas que operan fuera de la ley, pero que poseen un brazo financiero que blanquea el dinero, lo ingresa al sistema fiscal y permite que las estructuras sigan funcionando, además, es un crimen transnacional, que se da desde Canadá hasta Argentina, Europa, Asia, con cadenas de suministro de materias primas, laboratorios que permiten la producción de narcóticos, especialmente de carácter sintético, la transportación, la distribución en múltiples países.

Los cárteles como emprendedores visionarios han diversificado sus operaciones, obteniendo fuentes de ingreso de otras actividades ilícitas, como la trata de personas, el control de la migración ilegal, la extorsión, el cobro de piso, el secuestro, el huachicol, entre otros, que vuelven más extensas las redes criminales.

Se trata de un problema difícil de resolver, es como la han llamado, una herencia maldita del neoliberalismo, un efecto de la marginación de los jóvenes de las oportunidades de empleo  y estudio. No lo dudamos.

También representa un problema muy complejo, porque involucra a las fuerzas de seguridad del estado, así como las instancias de persecución de los delitos y la administración de justicia. Por lo que en este entramado se ven involucrados las policías de los tres niveles (municipal, estatal y federal), las fiscalías estatales y federales, y los jueces en la compleja organización judicial del país. Además, del sistema carcelario, que en ocasiones sirve no sólo como escuela de delincuentes, además, como verdadero centro de operaciones criminales.

Con todo lo anterior, el nivel de impunidad a nivel nacional que poseemos es de un 98%, es decir, de cada 100 delitos que se comenten, sólo dos de ellos serán procesados, juzgados y sentenciados.  Este dato es muy significativo, porque aquí podemos encontrar el eslabón que mantiene, que sostiene este lamentable escenario de violencia social que vivimos.

El gobierno federal en la actual administración, realizó un diagnóstico donde destaca la importancia de remitirnos a las causas que originan esta violencia, se señala la injusticia como base del problema, donde los jóvenes son marginados de los beneficios del desarrollo económico, negándoles las oportunidades a las cuales tienen derecho, tanto en lo educativo, lo social y  laboral.

Se implementaron diversos programas de carácter social con fines preventivos, lo cual de entrada nos ubica con una población objetivo y un margen de tiempo a futuro, digamos que un mediano a largo plazo (5 a 10 años). Obviamente hasta el momento no hemos observado mejoría de la situación, ni siquiera una inflexión en  las estadísticas, lo único que el gobierno ha logrado demostrar es que el nivel altísimo de violencia no ha aumentado, sino que ha permanecido estable a lo largo de este período.

Sin duda, hay una falla en el diagnóstico, el cual reconocemos que es parcialmente correcto, y traerá efectos positivos a largo plazo, pero tenemos que diferenciar entras las causas originarias, que seguramente están presentes y siguen vigentes, pero ya no tienen el peso que tuvieron en un inicio, y las causas mediadoras que sostienen el fenómeno de violencia a largo plazo hasta la fecha.

Estas causas mediadoras son la corrupción y la impunidad. Tenemos que entender que los criminales se crecen hasta donde la autoridad lo permite. Actualmente los grupos delictivos están fuera de control, están empoderados, se creen amos y dueños de los territorios  que han conquistado a sangre y fuego.

Los cárteles corrompen todo lo que tocan, ese es su mecanismo de influencia y poder; la impunidad es un aliciente que los motiva a seguir delinquiendo. La psicología enseña que lo que realmente motiva la conducta humana no son los estímulos o variables previos o antecedentes, sino los efectos y las variables consecuentes. La impunidad representa ese reforzador a posteriori de la conducta delictiva, que permite tener la certeza de que quebrantar las leyes es una manera viable de vivir y salirse con la suya. ¿Por qué renunciar a la violencia como forma de vida, si trae consigo grandes fortunas y tantos placeres, pero sobre todo, tan pocos castigos?

Además, para incentivar más la conducta criminal, tenemos a un gobierno federal, con fuerzas de seguridad desactivadas, en modo laissez-faire, como cascos azules que sólo buscan la contención y evitan la confrontación. Los grupos delictivos seguramente seguirán votando por Morena, porque: ¿qué otro gobierno renuncia a su obligación constitucional de asumirse con el monopolio exclusivo de la violencia? ¿Qué otro gobierno les promete abrazos y no balazos?