Al año y medio de casado y con la ayuda de Javier Prieto, CEMEX gentilmente me otorgó una beca para estudiar un MBA en Singapur.  Esa pequeña ciudad-estado con apenas 5 millones de habitantes tiene dos de las mejores universidades de Asia, la aerolínea más galardonada del mundo, el puerto de contenedores más eficiente y es un referente global por su ejemplar seguridad. Naturalmente, todas esas prestaciones sociales vienen a un alto costo, comprometiendo lo que Tocqueville estimaba como un bien superior en las sociedades democráticas, la libertad.

Vivir en sociedad no es cosa fácil y ese pequeño país asiático tiene prohibido: vender chicles, escupir, no bajar la llave del sanitario y hasta hay una multa por orinar en el ascensor, aunque no así en las escaleras. Para garantizar el estricto apego a sus leyes, el gobierno tiene cámaras, policías y soplones por doquier vigilando como un “big brother”. Es curioso que la opción para los singapurenses de garantizar la seguridad como derecho esencial, suponga en tanto un recorte voluntario a sus libertades individuales; como si se tratase de derechos antagónicos.

Según el artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos toda persona tiene tres derechos inalienables: el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Los hombres ejercen su derecho a la libertad y cuentan con el Estado para cuidarlos y defenderlos. El Estado debe así garantizar como un binomio inseparable, la coexistencia armónica entre la protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades individuales. Sin embargo, con la irrupción del Internet, la minería de datos y la súper-conexión que supone la tecnología 5G, se pone en entredicho el pensamiento de Voltaire que afirma que “el hombre es libre en el momento que desea serlo”.

En tiempos del COVID-19 los operadores de telecomunicaciones en países como Singapur, China y Corea del Sur utilizan el rastreo digital como herramienta útil para controlar la expansión del virus. Las autoridades sanitarias obtienen datos a partir de sus dispositivos móviles, para geo-localizar a los usuarios, disponiendo así, de referencias clave sobre dicha expansión. Es irrefutable el éxito obtenido al haber roto en etapas tempranas las cadenas de contagio permitiéndoles regresar a la “nueva normalidad” con un número comparativamente bajo de fallecimientos. Sin embargo, el monitoreo o vigilancia digital está lejos de ser un instrumento obsolescente o pasajero, la verdad es que llegó para quedarse y en forma incremental.

El tema es que, con el exhorto de una obligación civil y so pretexto sanitario, los gobiernos obtienen información de localización sumamente sensible ya que saben en todo momento donde está la persona, donde vive, a dónde fue, dónde pasó la noche o si asistió a un tugurio de mala muerte. Imaginemos por un instante que esa información tan delicada pudiera ser usada para chantajear o sobornar a adversarios políticos. Pudiera darse el caso que cualquier persona con su salud comprometida, sufriera discriminación arbitraria al impedírsele ciertas libertades sociales. O qué tal si los datos personales fueran robados por un “hacker” y vendidos como instrumento intimidatorio a otro país, al terrorismo o al mejor postor. Es aquí donde surge el dilema entre libertad y seguridad de la información, donde se cruza la línea entre el derecho a la privacidad y la protección sanitaria de la población.

Algunos pensarían que el monitoreo es privativo de países asiáticos al ser sociedades colectivistas, a diferencia de los occidentales que somos individualistas. Más no es así. El 16 de junio apareció una nota en Bloomberg dando cuenta de la nueva aplicación de rastreo alemana diseñada para amainar los efectos adversos de una segunda ola del Coronavirus. Y no son los únicos; el Reino Unido, Australia, España y Noruega, entre otros, también han desarrollado sus propias aplicaciones. Además, en el Medio Oriente, Amnistía Internacional consideró a las aplicaciones de los gobiernos de Bahréin y Kuwait como dos de los mecanismos de monitoreo más alarmantes del mundo.

La nueva realidad de rastreo digital, se verá conflictuada por principios éticos y virtudes humanas. Por consiguiente, cuán importante será defender el libre albedrío de las personas tomando en cuenta el artículo tercero del Catecismo de la Iglesia Católica que dice “Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos”.