La transmisión estable y suave del poder que AMLO cree tener garantizada, sobre todo con el holgado y aplastante triunfo de su partido-movimiento en las elecciones del pasado 2 de junio, entró ayer en una zona de turbulencia cuando el gobierno de Estados Unidos tronó ya sin ambages contra la inminente aprobación en México de una reforma judicial.

Washington, a través de su embajador Ken Salazar, encendió todas las alarmas al considerar que la elección directa de jueces "representa un riesgo mayor para la democracia en México" y "amenaza la histórica relación comercial" que los dos países han construido.

En una declaración de dos hojas, el representante aquí del gobierno de Joe Biden dijo que "cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política".

Y señaló que si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027 se vulneraría la confianza de los inversionistas en el marco legal mexicano y se facilitaría que "los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas".

En suma, para el gobierno estadounidense, la elección directa de jueces no resolverá la corrupción judicial, como argumenta y les asegura el gobierno mexicano, sino que debilitará los esfuerzos de integración económica de América del Norte al crear turbulencia.

Por supuesto que se trata de una intromisión que violenta nuestra soberanía, pero también de un posicionamiento que apela a una inevitable, creciente y conveniente relación comercial, sustentada en reglas pactadas de común acuerdo y legalmente avaladas en el T-MEC. A partir de ese criterio es que entidades financieras como Bank of America y Morgan Stanley en Estados Unidos, así como CitiBanamex aquí en México, han fundamentado también su rechazo a la reforma judicial mexicana.

Los argumentos estadounidenses respaldan los reclamos de autonomía e independencia del Poder Judicial que sostienen en su paro indefinido sus trabajadores, jueces y magistrados, y los del empresariado mexicano que demandó a las autoridades electorales que no oficialicen hoy la mayoría calificada que Morena y aliados requieren para aprobar la judicial y otras reformas constitucionales de gran calado.

No se ve venir, por lo tanto, una buena relación con el vecino del norte, ni siquiera con la demócrata Kamala Harris en la Casa Blanca, menos aún si el ganador de las elecciones de noviembre próximo resulta ser Donald Trump.

En esa medida, AMLO podría comenzar a ser disfuncional para el desempeño del complicado gobierno que le está dejando a Sheinbaum y acaso sea ese el factor de una ruptura entre ambos que estabilice, entendida esta no como deslinde de proyectos sino como el legítimo reclamo de la presidenta electa de que se le deje operar sin intromisiones.

Estados Unidos le aprieta las tuercas a López Obrador y lo seguirá haciendo en el poco más de un mes que le queda de mandato. No se pierda de vista, entre otros varios, el asunto del secuestro del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada. Ese lo seguirá golpeando.