No es casualidad que el mismo día en que se promulgó la reforma al Poder Judicial viniera a México el expresidente Ernesto Zedillo a proclamar la muerte de la democracia y la instauración de la tiranía; ni que, unas horas después, se hiciera pública una carta manuscrita de Genaro García Luna, quien desde su reclusión en Nueva York aseguró que la modificación constitucional fue promovida para proteger a narcotraficantes con los que AMLO está vinculado, según pruebas que dijo tener pero que no mostró ni ha mostrado.

Tampoco fueron casualidad en su momento la queja-amenaza del embajador Ken Salazar de que tales cambios quebrarán la relación comercial con Estados Unidos y sumirán en el caos a nuestra economía; ni la andanada en redes sociales de "narco presidente" y "narco candidata" viralizada durante la campaña presidencial y el proceso legislativo de la reforma constitucional de marras.

Detrás hay un común denominador: el gobierno de Washington con su cada vez más amenazante rechazo al rediseño de nuestro Poder Judicial, para lo cual echa mano, como históricamente ha ocurrido, de intereses particulares específicos y de grupos de poder que son en México furiosamente defensores del estatus quo y, en este caso, del modelo salinista de libre mercado a ultranza que AMLO y su movimiento han ido desmantelando y sustituyendo por uno populista-nacionalista durante los pasados seis años.

Ya sabremos en el transcurso de los días y los meses por venir si la reforma judicial resultará perniciosa o benéfica. Su implementación empezará a mediados de la semana próxima.

Washington, por lo pronto, intensifica el tono de su reclamo porque le resulta inaceptable que México se haya apartado tanto con AMLO de su órbita de influencia y que, en términos prácticos, ya no disponga de jueces a los que mangonear para que resuelvan a favor de sus intereses.

Eso explica, por ejemplo, los calificativos de autoritario, tiránico y atroz que Zedillo vino a endilgarle a López Obrador, en un discurso autoritario y tiránico que pronunció en un foro privado de abogados, y en el que se asumió (¡atroz!) como el padre de nuestra democracia.

No vino, claro, obligado por Washington, sino de muy buen grado alineado a sus intereses o "colonizado", como le gusta decir a quienes aseguran que eso ocurrirá en el Poder Judicial. Esos intereses son en los que cree Zedillo y para los que trabajó al llegar a poder tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Todo esto ocurre en la fase final de la campaña presidencial estadounidense, en la que tanto Donald Trump como Kamala Harris y la Casa Blanca, agarran a México de saco de boxeo con temas como la migración y el narcotráfico.

Por eso el manejo intencionado de la carta de García Luna, a lo que debe agregarse el interés personal del desesperado exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, ya declarado culpable por la justicia estadounidense y para el que se pedirá una sentencia de cadena perpetua y una multa de cinco millones de dólares que será dictada en un par de semanas.

Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos, a través del Servicio de Investigación del Capitolio (CRS) adelanta que apretará las tuercas a Sheinbaum recomendando a la Casa Blanca condicionar la ayuda, imponer medidas unilaterales sobre fentanilo, supervisar directamente la política migratoria y revisar el T-MEC con firmeza.

A ver si se deja Sheinbaum quien, por otra parte, ya recibió la confirmación de que la primera dama de Estados Unidos, Jill Baiden encabezará a la delegación que asistirá a su investidura el próximo martes primero de octubre.