Contribuyentes contra sus intereses

     Al economista Joseph A. Schumpeter, se le atribuye haber expresado que el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, la estructura de la sociedad en que vive y los acontecimientos políticos de su época, se encuentran inscritos, con claridad meridiana y sin pasiones retóricas que disimulen la naturaleza de las relaciones de convivencia sin sobresaltos, en los hechos fiscales de las contribuciones para sufragar los gastos del gobierno. En la vida de los pueblos, los hechos fiscales aparecen como un síntoma o malestar que nos ayuda a definir la estructura de la sociedad. La importancia causal  y sintomática de la actividad financiera hace que la Hacienda Pública sea uno de los mejores puntos de partida  para realizar una investigación de la sociedad y, en especial,  aunque no de manera exclusiva, de su vida política.

     Aquí, lo más destacado se encuentra en que la vida del país se desenvolvió bajo

el esquema institucional de un partido hegemónico, manejado por el presidente de la República, luego por un sistema de partidos que dio lugar a la aparición de facciones sobre la base de atractivos incentivos de participación política, que hizo pasar a segundo término los programas de gestión y las consideraciones ideológicas, hasta que este sistema favoreció la simulación de la alternancia e impidió identificar a los responsables de decisiones desastrosas, como aquella del error de diciembre de Carlos Salinas de Gortari que hundió al país en la cadena de negocios  a costa de la negligencia gubernamental, hasta los derechos para negociar patentes de exclusividad patrimonial de la nación colocados en la bursatilidad de títulos de inversión privada.

     La verdad es que el sistema político mexicano  desarrolló, a partir de los grandes principios que dieron lugar al sistema edificado sobre los principios de la separación de poderes de Montesquieu, la del consentimiento popular de Juan Jacobo Rousseau y en particular, sobre la idea de que el sistema creado por la Revolución francesa, a partir de la creación de un poder constituyente, que deliberase sobre las bases para constituir la organización política de un país del abate Joseph Emanuel Sieyés,  y de que los derechos activos para ejercer el poder están determinados por las contribuciones al bienestar general, no están exentos de formar parte del desarrollo de México.

     A este respecto, escribe Joseph Emanuel Sieyés:   “Todos los habitantes de un país deben gozar en él de los derechos de ciudadano pasivo: todos tienen derecho a la protección de su persona, de su propiedad, de su libertad, etcétera, más no todos tienen derecho  a tomar parte activa  en la formación de los poderes públicos; no todos son ciudadanos activos. Las mujeres, al menos en el estado actual, los niños, los extranjeros, y hasta quienes no contribuyen  en nada al sostenimiento del establecimiento público, no deben influir  activamente sobre la cosa pública. Todos pueden gozar de las ventajas de la sociedad; más sólo aquellos que contribuyen al establecimiento público son considerados como los verdaderos accionistas de la gran empresa social. Sólo ellos son los verdaderos ciudadanos activos, los verdaderos miembros de la asociación. (…) La igualdad de los derechos políticos es sagrada como la de los derechos civiles. Con la desigualdad nacerían muy pronto los privilegios. El privilegio  es una exención de una obligación común o concesión de un bien común. Cualquier privilegio es injusto, odioso y contrario al verdadero objetivo de la sociedad. (…) El objetivo de una sociedad no puede ser otro que el mayor bienestar de todos” (Preliminares de la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los derechos del Hombre y del ciudadano. Lectura hecha los días 20 y 21 de julio de 1789 al Comité de Constitución. Christine Fauré .  Las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Ed. F.C.E., México, 1999, pp. 71-94). 

     Las ideas de la revocación del mandato gubernamental que tienen como fuente de sustento, cuando un gobernante se aparte por completo del cumplimiento de las propuestas sometidas a escrutinio público, puede ser el inicio para el replanteamiento de la irresponsabilidad institucional, que no sólo comprende a los partidos políticos que representan aspectos diferentes de la opinión pública, sino de las mismas instituciones públicas que deben expresar adecuadamente los intereses de la democracia y el sentir del pueblo en lo que atañe a la ciencia y a la verdad, sin que con ello sea susceptible de incurrirse en la misma irresponsabilidad que nada tiene que ver con las expectativas de los electores. Y aquí no puede ignorarse que el mismo poder de negociación de las masas a las que se les convoca a expresarse el día de las elecciones, pudiera estar presente cuando la confusión de intereses está en pugna con los intereses que gradualmente se han ido consolidando dentro el concepto del bienestar general, al que también contribuye el sacrificio y el esfuerzo de generaciones burladas.