El 5 de enero de este año, Ovidio Guzmán fue detenido en Sinaloa. Su detención fue fruto de una orden de aprehensión emitida desde Estados Unidos y en virtud de la cual, se puede solicitar su extradición. La extradición es una figura de cooperación entre Estados que busca facilitar la persecución y procesamiento de personas que se encuentran en el territorio de un Estado distinto al que les ha acusado o sentenciado por la comisión de algún delito de su jurisdicción.

Esta no es la primera vez que EU solicita la extradición de Ovidio: en septiembre de 2019 una Corte de Columbia había expresado esta misma petición y, en consecuencia, al mes siguiente Ovidio fue detenido y fuimos testigos del poder de estos grupos criminales y de la facilidad con la que pueden crear terror en la población; pues con el Culiacanazo, el señor López Obrador se vio forzado a conceder su liberación.

De conformidad con el Tratado Bilateral de Extradición celebrado entre México y Estados Unidos, se puede pedir la detención provisional de una persona con la promesa de que después se haga una solicitud formal de su extradición y para la cual se fija un plazo general de 60 días. Si al concurrir el plazo, no se ha realizado la solicitud, la persona detenida tendrá que ser puesta en libertad.

El día de la detención de Ovidio, se fijó como plazo para presentar la solicitud formal de extradición el 5 de marzo y paralelamente, la Fiscalía informó que se abriría la investigación contra Ovidio por la comisión en flagrancia de los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de tentativa de homicidio, entre otros. Lo cual preparó el ambiente para que, en su caso, las autoridades mexicanas puedan retener a Ovidio y negar su extradición, bajo la excusa del procesamiento pendiente de estas conductas.

Oportunamente, el 27 de febrero, la embajada de Estados Unidos presentó la solicitud formal para la extradición de Guzmán. Lo que queda es esperar a que las autoridades mexicanas terminen de revisar que se cumpla con el Tratado para la extradición, así como a que se resuelvan los juicios de amparo promovidos por los abogados de Ovidio.

Ante esta nueva posibilidad de extraditar a Ovidio, surge la incógnita: ¿la figura de la extradición en México se convertirá en una alternativa de justicia de las autoridades norteamericanas frente a la insuficiencia demostrada reiteradamente por la administración del Presidente López Obrador?