Pide PRI endurecer penas contra robos a escuelas

Monterrey N.L.- Ya que durante la pandemia sanitaria se recrudeció el robo a planteles educativos, la bancada del PRI presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que se sancione de 2 a 9 años de prisión a quien robe cualquier material que afecte el óptimo funcionamiento de las escuelas.

El Coordinador del Grupo Legislativo, Heriberto Treviño Cantú precisó que actualmente el Código Penal sólo sanciona el robo de bienes a instituciones educativas cuando el valor de lo sustraído sobrepasa los 4 mil 500 pesos.

Con la modificación ahora se propone que la sanción sea en todos los casos que afecte los servicios de alumbrado, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, servicio sanitario, drenaje pluvial, gas o señalización de cualquier plantel público o privado.

“Hemos escuchado las voces de muchos maestros y padres de familia que nos dicen que las escuelas no están en óptimas condiciones, que así los niños no podrán regresar a clases por aquellos maleantes que se dedican a dañar los planteles educativos y ya es necesario que tengan un castigo severo”, denunció.

La iniciativa fue presentada por Treviño Cantú en la Oficialía de Partes del Congreso local, en la que contempla reformar la fracción XI del artículo 374 del Código Penal.

Refirió que, en momentos en que cientos de alumnos ya están listos para reintegrarse a las aulas, muchas escuelas están dañadas.

“Se busca sancionar con 2 a 9 años más de prisión a quien robe, traslade, adquiera, reciba, posea o venda cualquier material que sea utilizado para la prestación de los servicios de cualquier institución educativa, sin importar el monto de lo robado”.

“Insisto en que es la voz de maestros y sociedades de padres de familias que nos dicen que los planteles educativos están en muy malas condiciones y tenemos que castigar a estas personas, ya que dejan una escuela sin cableado, por ejemplo, y reponerlo cuesta hasta 120 mil pesos”, afirmó.

El Coordinador del GLPRI reiteró que se busca proteger la infraestructura escolar para una mejor reactivación académica y reducir las conductas delictivas que afectan e impactan en los servicios educativos.