El plagio de la tesis de licenciatura que presuntamente llevó a cabo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jasmín Esquivel Mossa, posee resonancias jurídicas, administrativas, políticas y académicas de gran relevancia. Se vuelve un caso complejo debido a que impactó en instituciones de carácter nacional de gran prestigio que se ven interpeladas, irremediablemente, en su integridad ética.

Es de gran interés el tema ya que se trata de una funcionaria de muy alto rango, posee mucha influencia en el sistema de administración de justicia siendo, actualmente, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, es esposa de José María Riobóo, un empresario acaudalado, parte de la oligarquía mexicana, que ha brindado servicios de construcción al gobierno, especialmente cuando el ahora presidente López Obrador, fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por si lo anterior fuera poco, la ministra llegó a su posición actual gracias al apoyo que recibió del presidente mexicano, aunque en su trayectoria política siempre ha sido allegada a importantes figuras del poder, implicando en ello a las banderas políticas más importantes: priistas, panistas, perredistas, y ahora desde Morena, apoyando desde el ámbito jurídico las reformas constitucionales que se han impulsado desde el gobierno federal, especialmente la reforma al sector eléctrico. En el ajedrez político la ministra representa un alfil de alto perfil para el ejecutivo federal para lograr incidir en el Poder Judicial.

Esto último se ha confirmado con la intención de la ministra por presidir la Suprema Corte de Justicia a partir de hoy 2 de enero, que se llevará a cabo la votación para elegir al sucesor de Arturo Zaldívar, actual presidente de ese órgano.

En el argot político hay una máxima muy conocida: “El que asoma la cabeza, se la cortan”. La ministra parecía invulnerable a cualquier jugarreta, pero desafortunadamente para ella, sí había cola académica que le pisaran. Y así fue, desde una investigación de Latinus, se identificó que había cometido un presunto plagio en su trabajo recepcional de licenciatura.

No sabemos si la ministra es culpable o inocente de un acto execrable de deshonestidad académica ocurrido hace 35 años. En su defensa, como experta en derecho, se adelantó a los hechos y se declaró inocente y víctima de plagio por parte del otro abogado titulado previamente, un año antes (1986) con la misma tesis, el Lic. Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Para analizar el caso, se conformó de manera exprés una comisión por parte de la UNAM, intitulada: Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que sesionó durante este periodo vacacional, lo cual no es normal, y que se espera lleve a cabo pronto un dictamen final de lo que ocurrió en aquel examen profesional.

Seguramente este Comité tendrá sus ojos puestos sobre la directora de tesis, de nombre Martha Rodríguez Ortiz, que ha asesorado según asegura, más de 500 tesis en su haber profesional, lo cual es más de lo que humanamente se puede llevar a cabo por la naturaleza de esta actividad académica. Además, el mismo trabajo que presentó la ministra para titularse, lo ostentaron dos personas más, con el tema sumamente parecido, lo cual es sugerente de un posible mercado negro de tesis para titulación que operó en aquel tiempo. Esto último es una especulación que tal vez el Comité tome nota y averigüe al respecto. Cabe recordar que Rodríguez Ortiz también asesoró previamente a Báez Gutiérrez, quien se tituló antes de Esquivel Mossa.

La tesis es un requisito parcial para la titulación, pero el acto jurídico decisivo lo representa el examen profesional dirigido por un jurado erigido para ello. Este último es el responsable de examinar el trabajo propuesto e indagar lo que se considere pertinente para determinar que el sustentante es realmente el autor de la tesis presentada y que no haya plagio alguno. El jurado firma un acta de examen profesional que es un documento legal que da fe del acto y que otorga el estatus reglamentario para el ejercicio de la profesión.

Engañar a un jurado con una tesis plagiada en la época en que se tituló la ministra sí era muy factible, hoy en día es mucho más difícil. Actualmente se cuenta con software antiplagio, además, el asistente informático de Google permite identificar la copia de tesis, segmentos o párrafos similares. En la época de la ministra, el tráfico de tesis era más difícil de detectar, cuando un estudiante terminaba su tesis se almacenaba una copia en la biblioteca donde había terminado sus estudios, y allí permanecía hasta que se perdía en el olvido o alguien más listo, la recuperaba para traficar con ella. Para un miembro del jurado, aunque fuera muy inquisitivo, le resultaba difícil detectar el plagio, no contaba con las herramientas necesarias.

¿En qué va a terminar esta indignante historia de presunta deshonestidad académica? La UNAM intentará lavar su imagen enfocándose en la profesora presuntamente corrupta que asesoró cuatro tesis muy parecidas. Va a proceder legalmente en su contra tratando de destituirla de su puesto, pero al final de la historia, la académica se jubilará antes de que eso ocurra. Este fin de semana el rector de esta Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue, se mostró muy decidido de llevar la indagatoria hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Esperemos que no lo doblen pronto, desde el Ejecutivo federal, en su noble propósito.

La ministra por su parte posee fuero, así que legalmente está protegida contra alguna acusación de plagio por la vía penal; hay otra demanda por la vía administrativa que se interpuso ante la Suprema Corte por ineptitud y mala reputación profesional, al ser ésta una denuncia de carácter administrativo, sí puede proceder, y pondría en jaque al actual Presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien debe decidir si le da entrada o no para actuar consecuentemente.

El costo para la ministra no pasa por lo profesional ya que no es fácil retirarle su título académico, pero puede perder políticamente al no alcanzar la presidencia de la Suprema Corte, que es lo más probable, ya que su imagen pública está por los suelos, y esta máxima instancia jurídica tan importante, no va a poner en juego su propio prestigio y honorabilidad institucional, por tratar de salvar un deseo del Ejecutivo, el presidente mexicano, en su afán por mangonear la Corte.

La peor consecuencia para la ministra será, además de no alcanzar la presidencia, el que la demanda administrativa sí proceda, lo cual será un claro indicativo de que su presencia como miembro de la Suprema Corte ya no es tolerada, que socava la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo y, además, representa un punto negro de gran descrédito para la imagen institucional, ya que la ministra desprestigia al Poder Judicial. La destitución del cargo sería entonces factible.

Mi opinión personal sobre esta historia de presunta deshonestidad académica es que la ministra no alcanzará la presidencia de la Suprema Corte, pero que logrará permanecer en su puesto como si nada hubiera pasado. Al menos este escenario sería válido en el corto plazo, habría que ver la resolución de la UNAM, sí se confirma el plagio, la perspectiva podría cambiar, igualmente el futuro de la ministra.

Vamos comenzando el año, así que aprovecho para desearles a todos los lectores y lectoras de esta columna, que tengan un excelente 2023, que sea un año en que logren sus metas y que la prosperidad y la salud permeen sus hogares. ¡Feliz Año 2023!