A lo largo de la semana pasada y seguramente, durante las próximas semanas estaremos siendo testigos de una confrontación legal y política entre las huestes del presidente mexicano y la oposición, con motivo de la revocación de mandato.

Esta batalla legal realmente es la crónica de un pleito anunciado, desde el momento en que los diputados autorizaron menos presupuesto de lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiere para llevar a cabo esa consulta nacional, era de esperarse que el órgano autónomo se rehusara a realizarlo sin contar para ello con los recursos económicos necesarios.

Los diputados del oficialismo lo sabían de antemano, pero querían apretar el cinturón al INE para generar la presión necesaria para profundizar en un conflicto que pueda hacer explotar a ese Instituto. Éste ha resistido y hasta donde las leyes se lo permitan, seguirá rechazando llevar a cabo este proceso electoral para lo cual no posee los fondos necesarios (hay un déficit de 2,300 millones). Parte de la presión de los funcionarios y diputados de Morena, es mediática, ya que pretenden que la gente perciba el gesto del INE como parte de una resistencia de cumplir con la democracia y con la Constitución.

A la vez, los diputados han generado mayor carga a la autoridad electoral  al forzarlos a llevar a cabo un proceso electoral de gran calado, como lo es este método democrático, presionando para que puedan realizarlo con un mínimo de presupuesto, es decir, “con las uñas”. Lo más probable es que esta película termine con una resolución legal, donde la consulta sea realizada con los mínimos recursos.

Lo paradójico de este hecho es que quien presiona para que se realice es el mismo presidente mexicano; por lo general, cualquier político que asume un poder delegado y legítimo, procura esforzarse para permanecer en el cargo por el período para  el cual fue electo.

Desde le inicio de su mandato, el presidente mexicano  propuso establecer este mecanismo de democracia participativa, con la intención de que la gente pueda decidir de manera anticipada, si desea que el gobernante que eligió la mayoría, continúe en su cargo o dimita. La revocación de mandato es una opción muy importante para los electores, ya que les permite reconsiderar si debe permanecer o no el funcionario previamente electo  en el puesto hasta el final,  o irse a su casa.

Se trata de una gran válvula de escape, si el desempeño en los primeros años no es efectivo, si no cumple con las promesas y las expectativas, que se retire de la encomienda; y qué mejor que contar con esta opción electoral, donde la gente puede decidir si sigue o se va.

Desde que inició su sexenio, en el 2018, el presidente mexicano hizo una apuesta, se la jugó, decidió establecer la revocación de mandato para su propio período de gobierno. Hay que destacar que no cualquier gobernante se atreve a ello. Pongamos como ejemplo el caso Nuevo León, donde los diputados locales han tenido que homologar la ley estatal con la federal en el tema de revocación de mandato.

Los diputados locales dispensaron al gobernador nuevoleonés, Samuel García,  considerando la aplicación del mismo para el siguiente sexenio, es decir  a partir del 2027.  En el caso del ejecutivo federal, como ya lo señalamos, su decisión fue de predicar con el ejemplo, e iniciar con la vigencia de esta nueva disposición legal y constitucional, desde ya.

Seguramente el lector(a)  se preguntará ¿pero no se supone que los primeros interesados en empujar la realización de esta consulta  debería de ser la oposición, y el ejecutivo y su partido oficialista, resistir a la realización de ello, considerando el riesgo de que  manden al presidente a su rancho?

Pero el presidente logró lo que busca, sostener su popularidad y aceptación en el electorado a pesar de los pésimos resultados de su gobierno. La gente le tiene confianza aunque no ha logrado resolver los principales problemas del país, como lo son la caída en la economía, la fuga de capitales, la falta de inversión de la iniciativa privada, la violencia, los homicidios dolosos, los desaparecidos,  la inseguridad, la narcopolítica,  la corrupción, la tragedia del Covid-19, la falta de medicinas en el país, el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, entre otros puntos centrales.

Si el lector(a) se cuestiona cómo es que la gente no aprueba los resultados del gobierno pero sí la figura del presidente, tal vez la respuesta a ello sea muy compleja, y tiene que ver con la imagen que el presidente mexicano ha vendido al electorado: como una persona confiable, incorruptible, entregado al pueblo, incapaz de oprimir a lo pobres; en términos generales apoyado en su  populismo y sus programas de asistencia social que generan buena aceptación social.

La analogía que voy a utilizar quizá no sea muy apropiada por la sencillez de la misma, pero sólo como imagen de lo que ocurre, podemos considerar al mecánico de confianza que atiende mi carro. Se trata de un señor muy amable, que tiene muchos años como mecánico, en su tiempos mozos trabajó en una agencia de automóviles como jefe de taller, se retiró y puso su propio negocio como autoempleo, donde junto con su hijo se encargan de atender a los clientes.

Debido a la electrónica tan avanzada de los automóviles, Don R y R, simplemente, no logra realizar el escaneo y el diagnóstico avanzado que poseen las agencias actuales, pero  hace su mejor esfuerzo y aunque no sea a la primera, pero al final por lo general logra resolver el problema.  Alguna gente no le gusta esta situación, quieren resultados inmediatos y dejan de llevar su carro. Pero a mí, en lo  particular, no me importa tanto que Don R y R proceda por ensayo y error hasta dar con la solución del problema, soy paciente al respecto, lo que me parece más significativo, es que se trata de una persona honrada en quien puedo confiar plenamente.

Creo que en el caso del presidente mexicano, la gente probablemente utilice el mismo criterio, no importa que el presidente no logre resolver los problemas que son realmente complejos, lo que más valoran es que se trata de un político que se ganó su confianza, y eso es suficiente para dejarlo en el poder por el resto del sexenio, independientemente si hay o no consulta para revocación de mandato.