Decía la científica ambiental estadounidense Danna H. Meadows que "se podrá engañar al electorado, pero nunca al medio ambiente". Y no podía tener más razón.

Durante su primer informe de Gobierno, Jaime Rodríguez Calderón ordenó la suspensión y cierre temporal de algunas empresas de la industria caliza argumentando lo que desde siempre fue bastante obvio: los altos niveles de contaminación y falta de compromiso del entorno ambiental, por parte de las empresas responsables.

De inmediato se echó a la bolsa la simpatía y el aplauso de la opinión pública que desde siempre ha demandado la salida de las pedreras, especialmente las asentadas en Santa Catarina.

Esta acción logró, al menos de manera provisional, 12 empresas cerradas y 10 más, suspendidas. Si bien la opinión pública estaba del lado de El Bronco, la industria estaba en tensión y los ambientalistas proponían acciones más contundentes.

Los diferentes gobiernos municipales de Acción Nacional en Santa Catarina solicitaron una y otra vez, presentando incluso estudios de expertos, medidas para frenar las actividades de la industria caliza, ya que toda la zona poniente del municipio vivía entre nubes de polvo afectando, además, la salud de las personas que observaban cuadros alérgicos y respiratorios.

Se alcanzó la suspensión provisional de algunas, y ya. Como diría la canción "el tiempo pasó" y las acciones de Rodríguez Calderón se desdibujaron.

El actual gobierno ordenó en el último trimestre de 2025 nuevos cierres a pedreras por invadir áreas naturales protegidas.

Súmele a ello la tan con bombo y platillo anunciada Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe)- que está por cumplir su primer año de vida-, donde se involucran la Semarnat, el Ejecutivo y autoridades de 18 municipios de la entidad, y cuya misión, además de mitigar la contaminación, es vigilar y prevenir delitos ambientales.

También enlisto el impuesto verde, el ejercicio de la siembra de árboles y el intento de revivir el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram), pero lejos está de un funcionamiento eficaz ya que está apenas al 30 por ciento de su operatividad.

En el papel, se han emprendido lo que parecieran serias acciones para revertir la contaminación del aire, agua y el suelo, amén de propiciar el bienestar animal; no obstante, los resultados tangibles son muy pobres.

No podemos olvidar el penosísimo incidente en que el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina fue escenario de la muerte de una gran cantidad de animales con la contemplación del gobierno municipal; o el caso de la Refinería de Cadereyta, que, al contar con el respaldo del gobierno federal, sigue operando y contaminando, pese a todos los reclamos del Estado.

La falta de una eficaz política pública en el tema ambiental tiene colapsada a la ciudad con un padrón vehicular que impacta en los tiempos de traslados y en la calidad del aire; y así podemos hablar de todos los asegunes que pudiéramos sumar al listado.

Aplaudo toda medida para mejorar nuestro medio ambiente, pero no basta con buenas intenciones.

Como ciudadanos tampoco podemos seguir dejando que nos engañen. No es suficiente con prometer o simular que se cumple: es momento de que haya consecuencias, de actuar y que podamos atestiguar la baja en la incidencia de consultas médicas por cuadros respiratorios asociados a la polución, vialidades más fluidas, semáforos operando de manera adecuada.

Los nuevoleoneses nos merecemos bienestar; al gobierno le corresponde cumplir.