Era la primavera de 2014, un hombre con traje y corbata protestaba, megáfono en mano, en contra de la intención del gobierno japonés de modificar la Constitución y liberar a las fuerzas armadas de las restricciones y limitaciones que actualmente tiene.  Luego de una hora, culminaba su discurso prendiéndose fuego. El entonces Primer Ministro Shinzo Abe, había hecho el anuncio y se preparaba para un proceso que algunos pensaron, sería sencillo.

Por 75 años, la llamada cláusula de paz de la Constitución de Japón ha estado vigente. El artículo 9, establecido después de la Segunda Guerra Mundial, expresamente señala que el país “renuncia a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales”, le prohibe también “mantener fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, así como otros medios potenciales de guerra” que pudieran convertirle en una amenaza para otros países.

Una posterior interpretación judicial, sin embargo, ha permitido al país mantener una política de autodefensa y, en ese sentido, es que hoy Japón cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con casi 250,000 efectivos y un presupuesto que lo coloca entre los 10 países con el mayor gasto en defensa, sólo después de Estados Unidos, China, Arabia Saudí, India, el Reino Unido y Alemania.

Internamente, esta cláusula tiene promotores y detractores. Los primeros abogan por una Nación pacifista alejada de las armas y de las guerras. Los segundos, sin embargo, ponen en entredicho, la aplicación práctica del artículo 9 considerando los enormes retos geopolíticos que enfrenta el país y los cuales se han exacerbado en los últimos años. En aquel caluroso 2014, el finado Primer Ministro Abe y su gobierno impulsaban una narrativa de supervivencia y protección para el pueblo de Japón.

Si bien, Abe no pudo modificar por entero el artículo 9, si logró que se aprobara una ley que permite a las fuerzas armadas hacer uso de la fuerza en apoyo a otros países si acaso eso se considera necesario para lograr la seguridad y supervivencia e Japón. Esto abrió la puerta para mejorar la posición de Japón para colaborar con países aliados como Australia o Estados Unidos. Sin embargo, la reforma constitucional sigue en el tintero. Y es que para lograrla se requiere la aprobación de una mayoría calificada (dos terceras partes) de ambas Cámaras legislativas y su posterior ratificación a través de un referéndum constitucional.

Ocho años después, el actual primer ministro Fumio Kishida anunció que buscará reformar la Constitución para eliminar la cláusula pacifista para “asumir un rol activo dentro de su área de influencia en el Extremo Oriente”. Japón, ha dicho,  “quiere más autonomía militar”. Luego del asesinato de Abe antes de las elecciones, Kishida fue reinvertido con una gran legitimidad, sin embargo, su coalición partidista no cuenta con la mayoría necesaria para aprobar reformas constitucionales. Les faltan 8 asientos en la Cámara Alta y 20 en la Cámara Baja.

En un entorno en el que la mayor preocupación de la población es económica se antoja difícil que el proceso de reforma prospere en el corto plazo y el desgaste propio del gobierno harán que cada vez se vuelva más complicado el proceso en el futuro. Sin embargo, si el entorno de hostilidad entre sus vecinos se incrementa, eso podría darle las municiones necesarias para lograr un cambio rápido y conciso y enfrentar a quienes cuestionan el fin del pacifismo constitucional en el país.

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