Era abril de 2016, el entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, cortaba de tajo una entrevista que daba en exclusiva para la BBC. Molesto, reclamaba a los entrevistadores haber sido objeto de una trampa mientras salía de la sala, con la cara roja del enojo. ¿Qué fue lo que molestó tanto al jefe de gobierno de uno de los países más ricos y pacíficos del mundo?

Eran los años posteriores a la terrible crisis financiera que enfrentó el mundo en 2007 y 2008. Islandia fue uno de los países más afectados por aquella crisis. Sus bancos se fueron a la quiebra y con ellos los islandeses vieron con horror cómo su dinero desaparecía de sus cuentas bancarias en un abrir y cerrar de ojos. Cómo, de la noche a la mañana, lo perdían todo, el trabajo de toda una vida perdido por unos cuantos defraudadores que provocaron una de las peores crisis financieras que hayamos vivido.

Justo un día antes de aquella fatídica entrevista, habían salido a la luz los llamados “Panama Papers”, la filtración de más de 11 millones de archivos de la base de datos del bufete de abogados offshore, Mossack Fonseca. El nombre del primer ministro aparecía entre aquellos millones de documentos cuando fue propietario de una sociedad de inversiones en el extranjero. La ola de indignación en el país no se hizo esperar y las protestas únicamente culminaron cuando Sigmundur presentó su renuncia al cargo.

Lo llamativo del caso es que nunca hubo nada ilegal en lo hecho por el ex Primer Ministro que, además, hizo estas inversiones años antes de haberse convertido en el líder político del país.

En los sistemas democráticos que funcionan, la rendición de cuentas no se asocia únicamente a cuestiones de legalidad o ilegalidad. Las renuncias se dan también cuando hay errores graves en una administración, cuando se actuó de una manera considerada injusta o indigna por la sociedad o cuando políticamente es insostenible mantenerse en un cargo, pues una mayoría de ciudadanos exige su salida. Sin importar el cargo que se ostente, cuando se cometen actos vistos como ilegítimos la renuncia es indispensable.

En el caso de la ministra Esquivel, ha quedado en evidencia el plagio de su tesis de licenciatura. Aunque por una laguna legal, la Universidad esté imposibilitada de retirarle el título y, por tanto, su plagio quede sin sanción, eso no significa que como sociedad no debamos seguir exigiendo su renuncia. Si bien en las últimas semanas la protesta social parece haberse dirigido a la Universidad por no contar con herramientas legales para sancionar, no debemos olvidar que quien está obligada directamente a rendir cuentas a la sociedad es la ministra. Quien, por mínimo decoro, por rendición de cuentas, debería renunciar, es ella. Fue ella quien cometió el plagio y es ella quien, de manera ilegítima y negándose a atender el justificado reclamo ciudadano, ha decido no renunciar.

Cuando en 2016 estallaron las protestas en Islandia en contra del primer ministro, los ciudadanos reconocían que su actuar ni siquiera había estado fuera de la ley, pero demandaban que se fuera debido a que habían dejado de confiar en él. En otro tipo de democracia, la ministra habría puesto su renuncia sobre la mesa desde el momento en que fue irrefutable el plagio. No lo ha hecho y hoy México tiene una ministra en la Corte que fue capaz de plagiar su tesis de licenciatura... ¿cómo pretende que se pueda seguir confiando en ella para impartir justicia?

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