“Lo que es extraño aquí es que el jefe del Tribunal Constitucional se ha convertido en parte de esta alianza [contra el gobierno]” declaraba el entonces Ministro del Interior turco Efkan Ala luego de que el Presidente del Tribunal Constitucional acusara al Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan de dañar el estado de derecho. 

"Mientras estas acusaciones se mantengan, no es posible que el poder judicial sobreviva” declaraba el jefe del Tribunal Constitucional, Hasim Kilic. Unos días antes, el Tribunal Constitucional demostrado que podía convertirse en el principal obstáculo para que Erdogan se convirtiera en el autócrata que es hoy, cuando falló en contra de una controvertida ley que otorga a los miembros del gabinete más control sobre el nombramiento de jueces. Era abril de 2014, apenas dos años antes de la purga con la que el gobierno turco buscaba terminar con todo atisbo de independencia judicial. 

En 2016 miles de jueces y fiscales fueron encarcelados bajo el pretexto de haber estado detrás del intento de golpe de Estado de aquel año. Detrás de esas detenciones, sin embargo, estaba un intento de intimidación contra el poder judicial en un asunto extensamente documentado por Human Rights Watch que ya desde 2014 denunciaba los actos de intimidación destinados a minar la independencia judicial. 

En años recientes, el actual Ministro del Interior Süleyman Soylu ha continuado sus criticar a los pocos que, dentro del poder judicial, aún se atreven a fallar contra el gobierno e incluso ha llamado a que los líderes municipales desobedezcan abiertamente las órdenes judiciales cuando les resulten “inconvenientes”. 

Pero Soylu no ha atacado únicamente a los miembros del poder judicial. Sus diatribas han estado también enfocadas en los legisladores de los partidos opositores al oficialista AKP llamándolos “insolentes”, “payasos terroristas”, “corruptos”, “lavadores de dinero”. En una sesión llevada a cabo apanes en noviembre pasado, a gritos y con el apoyo de los miembros de su partido Soylu evitó responder a las preguntas sobre el manejo de diversos temas poco transparentes en el gobierno. Todo aquel que no sea parte de su gobierno es acusado de corrupto, mentiroso o terrorista. 

En México, el actual Secretario de Gobernación, Adan Augusto López, se ha caracterizado por hacer lo contrario y crear un ambiente de mayor confrontación política. En agosto pasado aseguró que el gobierno tenía -y presentaría- los expedientes de “jueces controvertidos”. 

Hace apenas unos días catalogaba de “mentiroso” al todavía presidente del INE, Lorenzo Córdova y aseguraba que “andaba diciendo barbaridad y media” en referencia al Plan B para la reforma electoral. Al día siguiente volvió a dar de que hablar al descalificar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la prisión preventiva oficiosa.

Su estridencia ha sido documentada por diversos medios de comunicación, llamando a gobernadores y líderes de la oposición “egoístas”, “hipócritas”, “traficantes de armas”  y por sus controvertidas declaraciones como cuando aseguró que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas e “incluso ser presidente de la República”. Lejos quedó el perfil sobrio y mesurado que en los círculos internacionales y empresariales empezaba a ser bien visto.

Con una estrategia de confrontación similar a la que han llevado a cabo los ministros turcos, Adán Augusto ha demostrado estar dispuesto a confrontar antes de dialogar, una posición muy peligrosa, en especial para quien teóricamente, tiene entre sus funciones negociar con todas las fuerzas políticas.