El 2021 es un año histórico. En América Latina habrá elecciones en Chile, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Bolivia y México. Como hace décadas, existe una pugna ideológica entre la izquierda y la derecha; entre quienes reconocen el agotamiento del modelo neoliberal y quienes se aferran a las fracasadas fórmulas que durante décadas recrudecieron la desigualdad, la pobreza y la corrupción.

La inercia propia del péndulo político genera cambios de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero en el contexto de la pandemia provocada por la Covid-19 habrá dos factores determinantes para los comicios y el sentido del voto de las poblaciones de los distintos países, a saber, la percepción del manejo de la pandemia por parte de los gobiernos nacionales, y la necesidad de reforzar los sistemas de salud y seguridad social.

Pese a la pluralidad ideológica, en México las fuerzas políticas se han agrupado en dos corrientes antagónicas frente a los comicios del 6 de junio. La primera, representada por las siglas de Morena, tiene el objetivo de profundizar los cambios en el sistema jurídico mexicano, en la práctica política y en la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La segunda, representada por la antitética alianza de los partidos del régimen anterior, pretende detener la transformación y revertir los grandes logros conseguidos desde el histórico 2018.

Entre algunas de las razones que la ciudadanía mexicana puede considerar para decidir frente a las urnas, como lo recopilé en el libro 21 razones para el 21. ¿Por qué continuar?, están la nueva política anticorrupción, el aumento de penas para quienes cometan este delito y la eliminación de esquemas opacos en el manejo de los recursos públicos, como los fideicomisos; la separación entre el poder político y el económico, eliminando las condonaciones de impuestos y reforzando el combate a los delitos financieros (como la emisión de facturas falsas) y la investigación de empresas fantasma, así como la austeridad republicana, siguiendo la máxima de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

En este punto vale la pena hacer una reflexión que puede marcar la pauta para diferenciar con claridad los dos proyectos que disputan el voto popular: en el viejo régimen se consideraba que los altos sueldos en el gobierno funcionaban como un aliciente para evitar actos de corrupción, y los salarios de la clase trabajadora se mantenían artificialmente bajos con el pretexto de que aumentarlos produciría un incremento generalizado de los precios.

En contraste, en el régimen de la transformación se considera un ilícito que los sueldos en el gobierno sean excesivos, pero además, los salarios de la mayoría de la población han experimentado aumentos como nunca en nuestra historia reciente, y se ha establecido que su incremento anual no puede estar por debajo de la inflación.

Así, resulta importante señalar no sólo los logros por defender, sino los retos que todavía quedan por cumplir. En los próximos comicios se renovarán —entre los más de 21 mil puestos de elección popular que están en juego— las 500 curules en la Cámara de Diputados, con lo que la actividad legislativa federal enfrentará modificaciones que pueden favorecer o entorpecer la transformación que ya está en marcha.

Como hace tres años, la victoria electoral será sólo el inicio de una nueva época en este proceso que conocemos como la cuarta transformación de la vida pública nacional, en la que defenderemos el camino recorrido, refrendaremos nuestra voluntad de continuidad y evitaremos el regreso de quienes por décadas se adueñaron de las instituciones mediante la corrupción y la impunidad.

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