Hay momentos en los que regresar al inicio es fundamental para entender el presente.

En 1987, cuando fui electo diputado federal por primera ocasión, México contaba únicamente con un organismo constitucionalmente autónomo: el Banco Central. Como en cualquier país, la lógica de que la instancia encargada de la política monetaria tuviera esta naturaleza era que sus decisiones no se supeditaran a ningún poder político, y que sus acciones pudieran estar por encima de los ciclos democráticos propios de toda nación.

La historia política mexicana tuvo un punto de inflexión en 1988, cuando el desgaste del sistema electoral, otrora controlado por la Secretaría de Gobernación, dejó en un estado agónico a la democracia. Como resultado, se creó el Instituto Federal Electoral, el IFE, que obtuvo su autonomía en 1996, pero que desde sus inicios fue concebido como una instancia externa a los tres Poderes de la Unión, compuesto por un ADN ciudadano y con capacidad técnica de conducir los asuntos electorales en el país.

Con estos dos ejemplos busco resaltar que la creación de los organismos constitucionales autónomos, imaginados como instancias con capacidad de dotarse a sí mismas de sus leyes y de actuar conforme a ellas, obedece a tres razones principales: la necesidad de alejar la técnica de la política, evitar excesos cometidos en el pasado y contar con cuerpos capacitados para atender las demandas de sociedades en constante cambio.

Yuval Harari, en su libro "XXI lecciones para el siglo XXI", expresó que "si queremos evitar la concentración de toda la riqueza y el poder en manos de una pequeña élite, la clave es regular la propiedad de los datos".

Privacidad, protección de datos y transparencia pública, tal es el balance que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo constitucionalmente autónomo desde 2014, trabaja por mantener.

Lo anterior tiene especial relevancia debido a que actualmente están en funciones cinco comisionados del Inai, dos de ellos ya concluyeron sus obligaciones, y de los cinco, uno las terminará el último día de marzo.

Luego de que el Senado de la República recibiera una comunicación por parte de la Presidencia de la República, mediante la cual el Ejecutivo federal manifestaba su objeción a los nombramientos de los comisionados del Inai que la Cámara Alta aprobó por mayoría calificada el pasado 1 de marzo, se deberá hacer una nueva propuesta que, en este caso, tendrá que resolverse a través de la aprobación de las tres quintas partes de las y los legisladores presentes en el salón de sesiones.

A partir de ahora, la Cámara Alta debe cumplir con las reglas dispuestas a nivel constitucional y legal establecidas en el ejercicio de su responsabilidad legislativa, pues de ello depende que las resoluciones del Inai, en el ámbito federal, sigan teniendo fuerza legal.

En caso contrario, se corre el riesgo de que el instituto de transparencia no tenga posibilidad jurídica para establecer medidas de apremio o sanciones en contra de los sujetos obligados, lo cual vulnera los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Nuestro movimiento luchó durante décadas para que la división de Poderes fuera una realidad, ¿y qué otro acto, sino el veto del Ejecutivo a una decisión del Legislativo, demuestra que en México finalmente hemos arribado a este puerto?

También, nuestro movimiento ha luchado por tener un gobierno que no oculte sus funciones, para que la vida pública sea cada vez más pública. Allí radica la importancia de que después de la decisión presidencial el Senado actúe con prontitud y responsabilidad, para que el Inai pueda seguir operando con eficiencia y normalidad. No cabe duda de que vivimos en un México más democrático y abierto que el de hace tres décadas.

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