En 1996, el gobierno estadounidense permitió la venta de la medicina contra el dolor conocida como OxyContin. Inicialmente, pacientes con cáncer y personas que presentaban dolores intensos podían tomar una dosis de dos pastillas al día para vivir cómodamente. Once años después, ese uso dio paso a una de las peores epidemias de salud en aquella nación.

Al generar adicción y dependencia, las personas usuarias del medicamento desarrollaron una adicción que incluso las llevó a recurrir a otras drogas, como la heroína y el fentanilo.

El fentanilo comenzó a ser utilizado como un suplemento de otras drogas, con el objetivo, según un estudio de la Universidad de California, de no experimentar los síntomas causados por la abstinencia de ellas. Sin embargo, al poco tiempo su uso se volvió masivo, y sus consecuencias, fatales: en 2016, por ejemplo, más de un tercio de las personas que murieron por sobredosis en Nueva York habían consumido esa sustancia sintética.

De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, instancia de salud estadounidense, más de 100 mil personas murieron en 2021 por sobredosis. El 67 por ciento tuvo relación con el uso de fentanilo, pues solo dos miligramos de éste pueden ser fatales. Lejos de disminuir, la cifra de fallecimientos en aquella nación aumentó en 2022, ya que más de 110 mil personas perdieron la vida por la misma causa.

Sirva este contexto para concluir que la actual epidemia del uso de fentanilo en la Unión Americana tiene sus raíces en al menos dos acciones concretas. La primera es la ineficiente regulación médica de las autoridades. La segunda, la incapacidad de combatir el narcomenudeo de sustancias ilegales.

Por eso, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, expreso con claridad mi desacuerdo respecto a las recientes declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien afirmó que la del fentanilo es una epidemia causada por los cárteles del crimen organizado que operan en territorio mexicano.

Manifiesto también mi rechazo y preocupación a la iniciativa presentada en enero en el Congreso estadounidense por el legislador texano Dan Crenshaw, que propone el uso de la fuerza en contra de los responsables de traficar fentanilo o sustancias relacionadas, o de quienes lleven a cabo actividades que desestabilicen la región.

La iniciativa es un claro ejemplo de que el tema del combate al narcotráfico es utilizado con fines políticos, pero también representa una regresión a las épocas del intervencionismo, pues propone autorizar al Ejecutivo de Estados Unidos el uso de la fuerza contra grupos criminales en México. El asunto se encuentra en discusión de comisiones, pero desde ahora el llamado es para que sea desechada, de lo contrario, la relación entre ambos países podría verse fuertemente afectada.

Es momento de aceptar que la solución al problema de la violencia generada por los traficantes en México y a la crisis de salud pública en Estados Unidos requiere de acciones conjuntas.

Si la demanda del producto no fuera tan alta, no existiría motivación para producirlo y traficarlo. Pero también es cierto que si no hubiera quien ofertara estos productos y los distribuyera, en los dos lados de la frontera, los sistemas de salud de ambos países podrían dar un mejor manejo y prevención de las adicciones.

Debemos seguir impulsando acciones conjuntas, como el Entendimiento Bicentenario, y alejarnos de la tentación de buscar réditos políticos tratando de culpar a un país o a una sola instancia, de lo contrario, corresponderá a la sociedad llevar la carga más pesada, esto es, la pérdida de vidas humanas a causa de la violencia y el abuso de sustancias ilícitas.

Correo electrónico: ricardomonreala@yahoo.com.mx