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Opinión Editorial


Niñas, niños y adolescentes


Publicación:03-12-2024
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Este miércoles 4 de diciembre se cumplen diez años de la promulgación de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

    Este miércoles 4 de diciembre se cumplen diez años de la promulgación de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

        Ante el desafío social, político y económico de garantizar su protección, un avance sustancial de la Ley es reconocerlos como sujetos de derechos.

        La Ley reconoce como niñas y niños a los menores de 12-doce años de edad y adolescentes a los de 12-doce años cumplidos y menos de 18 años.

        Otro avance sustancial es reconocerlos bajo el principio del interés superior de la infancia, como criterio orientador para toda acción del Estado.

        Esto implica que es un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes ser considerados como prioridad en las acciones o decisiones que les afecten y, por otro lado, que es una obligación de todas las instancias públicas y privadas darles preeminencia en las medidas que adopten.

        Todo ello también con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 y ratificada por México en 1990, que obliga al Estado a considerar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro, para garantizar su desarrollo integral a través del disfrute efectivo del...

    -Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

-Derecho de prioridad.

-Derecho a la identidad.

-Derecho a vivir en familia.

-Derecho a la igualdad sustantiva.

-Derecho a no ser discriminado.

-Derecho a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral.

-Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal

-Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

-Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

-Derecho a la educación.

-Derecho al descanso y al esparcimiento.

-Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento y conciencia.

-Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.

-Derecho de participación.

-Derecho de asociación y reunión.

-Derecho a la intimidad.

-Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

-Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y,

-Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

    Si bien las realidades de nuestro país no dejan de señalarnos la urgencia de trabajar e invertir aún más para cumplir la Ley, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) realizó un balance sobre la situación actual del derecho a la educación a partir de preguntar ¿qué se puede hacer para apoyar a la población infantil y adolescente? y estas son sus recomendaciones:

      - Crear mecanismos institucionales de participación ciudadana desde la niñez, iniciando en las escuelas.

   - Abrir muchos más espacios a la participación con el objetivo de tomar en cuenta su opinión en las distintas acciones que se adopten en sus vidas.

  - Reforzar mecanismos de comunicación y coordinación que promueven el diálogo y participación con sus familias y comunidades en todos aquellos asuntos que les competan y no sólo en el ámbito educativo.

  - Fortalecer la organización, funcionamiento y evaluación de los comités de participación escolar para fortalecer la comunidad educativa entre estudiantes, docentes, directivos, familias y vecinos de las escuelas.

    Aunque los 979.2 mil millones de pesos destinados a niñez y adolescencia este 2024, representaron el 10.8% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación -la cifra es menor al porcentaje asignado en 2023 (10.84%) e inferior al de 2015 (15.04%)-, aquí es donde se requiere toda la fuerza de la Cuarta Transformación para atender sus problemas de pobreza extrema y de acceso a la alimentación, la educación y la salud; sus dificultades de acceso a la vivienda y servicios básicos; los casos de matrimonio, unión, embarazo y maternidad adolescente; el trabajo infantil y trata de personas; los homicidios, feminicidios, suicidios, extorsiones, desapariciones, secuestros, reclutamientos, detenciones y adicciones, así como violencias de tipo familiar, física y sexual.  

        En la medida que atendamos tales desafíos y cumplamos los derechos que establece la Ley para niñas, niños y adolescentes, vamos a garantizar su desarrollo y el futuro que todos queremos para nuestro país.





« Lupita Rodríguez Martínez »