Se cumple una década, el próximo 26 de septiembre, de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, localidad de Tixtla, Guerrero. Diez años de exigir verdad y justicia sobre un crimen de Estado, como está calificado oficialmente el caso.

    De “verdad histórica” difundida desde la Presidencia de la República y la Procuraduría General de Justicia pasó a ser la “mentira histórica” para las familias afectadas y el pueblo mexicano. Hoy se reconoce que es un delito de desaparición forzada contra los alumnos, cuyo paradero todavía se desconoce.

    El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora se trasladará a la doctora Claudia Sheinbaum, quien el 1 de octubre asume como primera Presidenta de México y cuyo acuerdo con las familias es garantizar que la investigación no se cierre durante su mandato, hasta tener certeza jurídica y deslindar responsabilidades sobre graves violaciones a los derechos humanos.

    Hace diez años los normalistas se preparaban para ser maestros. Pero, cuando decidieron ‘tomar’ autobuses para trasladarse del municipio de Iguala a la Ciudad de México, con el fin de participar en la marcha del 2 de octubre, fueron interceptados por corporaciones de seguridad del gobierno local. Esto desencadenó una serie de ataques violentos con un saldo de seis muertos, decenas de heridos y la desaparición forzada de 43 futuros maestros.

    La Escuela Normal Rural forma parte de las escuelas creadas durante la Revolución Mexicana, para formar maestros rurales entre hijos de campesinos, en su mayoría de pueblos originarios o afromexicanos. Son escuelas con espíritu de resistencia ante el Gobierno y de lucha contra la represión.

    Las investigaciones del Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la “verdad histórica”, afirmaban que los estudiantes fueron entregados a un grupo criminal, quienes los habrían incinerado en un basurero de la localidad de Cocula, Guerrero. Esta “verdad” fue desmentida con pruebas científicas por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

    Las pruebas obtenidas mediante tortura y la falta de evidencia forense sólida, generaron la desconfianza generaliza sobre la investigación. Por ello, a partir del 2018, el Presidente Andrés Manuel creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la cual por principio de cuentas reconoció que se trataba de un crimen de Estado.

    El nuevo proceso de investigación enfrentó fuertes obstáculos, debido a la corrupción y a la colusión entre autoridades estatales y el crimen organizado. Aunque el GIEI y otros organismos de derechos humanos señalaron el papel del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes, pues según sus conclusiones, altos mandos de las fuerzas armadas tenían conocimiento de los hechos desde su inicio y probablemente participaron en el encubrimiento.

    Aunque más de 400 involucrados en el crimen han sido arrestados, incluyendo policías, soldados y delincuentes, las investigaciones avanzan lentamente. Hasta la fecha sólo se han encontrado restos de tres estudiantes.

    Nuestro reconocimiento a las familias por mantener viva la memoria de sus hijos a través de manifestaciones y ‘acciones globales’ que celebran el día 26 de cada mes y que son un gran esfuerzo para romper los pactos de corrupción e impunidad prevalecientes en el sistema de justicia.

    El artero crimen evidencia la compleja relación entre sectores del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con grupos del narcotráfico y del crimen organizado, así como la persistente cultura de impunidad.

    Aunque se crearon mecanismos extraordinarios de justicia y se contó con la participación de organismos internacionales, persisten encubrimientos y pactos de silencio que obstaculizan el hallazgo de la verdad.

    Para las familias la participación del Ejército no ha sido verificada ni esclarecida del todo. Aunque mandos superiores militares han proporcionado información que mantenían bajo custodia de ley, madres y padres consideran que todavía es necesario entregar más documentos, realizar más visitas a los cuarteles y sostener más entrevistas con elementos de las fuerzas armadas.

    A diez años de los hechos, Ayotzinapa representa la gran causa contra la violencia de Estado y la impunidad en México. Hoy, no queda otro camino que continuar la digna resistencia y la lucha solidaria hasta encontrar a los 43 estudiantes que nos faltan, ya que ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!