2025 estuvo definido por una serie de temas que trascendieron el plano discursivo y tuvieron efectos concretos en la gobernabilidad. Tópicos que determinaron decisiones, omisiones y tensiones que además de delinear el rumbo del ejercicio del poder, seguirán vigentes por el impacto que representan en la vida política, económica y social. Un breve recuento:

Desaparecidos. El dolor de las familias buscadoras persistió sin el respaldo suficiente de las autoridades. El Rancho de la Torturas hizo más grande la herida. Más allá de la ausencia, lo que prevalece es la incertidumbre: la falta de verdad sobre el paradero y las causas de las desapariciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumuló más de 133 mil casos. 

Migración. Cerca de 500 mil personas en situación de migración forzada fueron interceptadas en la frontera norte durante el año. Con más de 145 mil mexicanos deportados y miles de solicitantes de asilo varados en ciudades fronterizas, la crisis demandó un apoyo institucional que se vio superado por la presión bilateral constante. Mientras no se elabore un plan concreto, el problema seguirá.

Narco violencia. El crimen organizado fue un eje recurrente en dos sentidos: el discurso oficial centrado en operativos, detenciones y decomisos, y la reiterada autojustificación del gobierno como una administración ajena a la influencia del narcotráfico. Todo ello ocurrió en un contexto de violencia persistente, control territorial criminal y dudas sobre la efectividad real de la estrategia de seguridad.

El factor Trump. La agenda nacional estuvo condicionada por el regreso de Donald Trump. El combate al fentanilo, las amenazas arancelarias y la inminente revisión del T-MEC obligaron al gobierno mexicano a endurecer posturas y ajustar su política exterior ante una presión estadounidense sin precedentes. El discurso de soberanía se ha intensificado ante amenazas potenciales de intervención armada en el país.

Las protestas como exigencias de atención. Los bloqueos carreteros encabezados por agricultores evidenciaron un descontento persistente en el campo ante bajos precios, altos costos de producción y falta de apoyos. También hubo movilizaciones de maestros confirmando que la protesta organizada puede ser el principal mecanismo de presión ante un Estado que concentra decisiones.

Reformas y contrapesos. Se concretaron cambios profundos al entramado institucional. La reforma judicial derivó en elecciones de jueces, con baja participación, mientras que la desaparición de organismos autónomos como el INAI o el Coneval se justificó bajo la bandera de la austeridad. Estos cambios reforzaron la percepción de una centralización del poder que debilita los contrapesos democráticos. Ahora, en 2026, tendremos la reforma electoral que redefinirá las reglas de competencia política, el papel de las autoridades electorales y el financiamiento de los partidos, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y el riesgo de que la búsqueda de eficiencia administrativa termine por erosionar la equidad y la autonomía del sistema electoral.

Política exterior ideologizada. El apoyo explícito a Cuba y a Venezuela, sumado a las fricciones con los gobiernos de Perú y Ecuador, marcó la política exterior de 2025. Este posicionamiento generó tensiones diplomáticas —especialmente con Washington— y abrió cuestionamientos sobre la coherencia entre la autodeterminación y el alineamiento con liderazgos afines al proyecto oficial.

La "pena ajena" y los costos éticos. Escándalos relacionados con figuras clave del partido oficial —vacaciones lujosas, revelaciones patrimoniales y redes de influencia— obligaron a la presidencia a intervenir para contener el costo político. Casos como Segalmex o Pemex continuaron alimentando la percepción de una preocupante tolerancia a la opacidad.

Huachicol. El robo y tráfico de combustible persistió tanto en su forma tradicional como en esquemas de contrabando fiscal internacional. Pese a decomisos y detenciones, el huachicol continuó representando pérdidas millonarias y un desafío estructural de gobernabilidad.

Continuidad de la 4T. A lo largo de 2025, los principios fundacionales de la 4T —austeridad, centralidad del Estado, combate a la corrupción y prioridad a los sectores populares— se mantuvieron como ejes discursivos y de acción gubernamental. Esta continuidad funcionó como una estrategia de cohesión política y electoral, pero también generó tensiones frente a nuevas exigencias de gobernabilidad, eficacia institucional y resultados tangibles en salud y economía.

En resumen, la presidenta enfrentó un 2025 marcado por dilemas que pusieron a prueba su modelo de gobernanza: uno que se define como humanista y soberanista, pero que opera bajo un esquema presidencialista y centralizado. Para 2026 el desafío será resolver las contradicciones internas y demostrar que "su proyecto" ofrece coherencia entre el discurso y los resultados que la ciudadanía demanda.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com