La detención de un criminal, si bien es relevante, no debería celebrarse como "la gran hazaña" del gobierno. Garantizar condiciones de seguridad es una obligación esencial del Estado. Por ello, resulta alarmante que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", haya paralizado la actividad en más de veinte entidades del país. El riesgo para la población fue tal, que obligó al cese de la actividad comercial y el resguardo ciudadano.

El impacto nacional de este episodio evidencia el peso del crimen organizado en la vida pública, en la seguridad nacional y en la gobernabilidad del país, además de exponer la fragilidad institucional. Para muchos, confirma la sospecha de su infiltración en distintos niveles de gobierno. La imagen que México proyectó al exterior fue vergonzosa y lo vivido al interior, profundamente lamentable.

Es justo reconocer la actuación de las fuerzas armadas, cuya capacidad operativa es incuestionables. Sin embargo, persiste la duda de por qué las labores de inteligencia han permitido la consolidación de estructuras criminales que, en amplias zonas, suplantan funciones básicas de la autoridad.

El narcotráfico ha marcado el desarrollo de México durante décadas. Las respuestas han oscilado entre el combate frontal impulsado por Felipe Calderón y la política de "abrazos, no balazos" promovida por Andrés Manuel López Obrador. La experiencia indica que no se trata de un problema irresoluble, sino de la ausencia de una estrategia coherente y sostenida, respaldada por el Estado y exigida por la sociedad. No es un asunto de capacidad, sino de voluntad política.

El episodio de El Mencho mostró una determinación gubernamental más coyuntural que estructural; respondió a presiones internacionales —especialmente de Estados Unidos— que cuestionan el compromiso de la administración de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico. Sin embargo, es claro que un golpe de esta naturaleza no basta: se requiere continuidad y presencia sostenida del Estado, sobre todo ante el reacomodo de fuerzas que suele desencadenarse. Sería perverso pensar que dicho reacomodo haya sido acordado; mientras no se proporcione información detallada, persistirán las especulaciones.

Existen, además, factores críticos: la contaminación de las estructuras gubernamentales, la débil participación ciudadana y la ausencia de una oposición política verdaderamente eficaz.

La paz social, el bienestar y el desarrollo dependen de un compromiso civil que se traduzca en vigilancia, exigencia y corresponsabilidad frente al poder público. Nuestra resiliencia es fuerte, pero no debe confundirse con resignación ante la omisión oficial. Pasar del espectador pasivo al ciudadano exigente es la vía para que el Estado actúe con responsabilidad.

Asimismo, es evidente la necesidad de una limpieza profunda de las estructuras gubernamentales contaminadas y de la aplicación irrestricta de la ley. Un país no puede, ni debe, paralizarse porque se ejerza el Estado de derecho. Si la ejecución de la justicia detiene la vida nacional, es porque se han cedido espacios que deben recuperarse con urgencia mediante una voluntad política constante.

De igual forma, la actual debilidad de los partidos de oposición empobrece la fiscalización de la política de seguridad y permite que la narrativa oficial omita aquellas regiones donde el Estado ha renunciado a su autoridad, dejando el control en manos del crimen organizado.

Un golpe táctico no corrige una debilidad estructural en la que el Estado asume liderazgo

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com