Rebotan jueces amparos en contra del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- El 24 de agosto de 2020, diversas personas de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en Quintana Roo, decidieron presentar un amparo contra el Tren Maya , el megaproyecto del presidente de México. ¿El motivo? Violaciones a su derecho a la libre determinación, la falta de información, daños al patrimonio cultural y al medio ambiente... Pero el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal se negó a aceptar el amparo alegando que no era de su competencia, y lo envió al Juzgado Octavo con sede en Cancún. Este tampoco quiso admitirlo y lo devolvió al juez de Chetumal. Ante el conflicto entre los jueces, se turnó a un tribunal colegiado que determinó que la responsabilidad de conocer el amparo era del juez de Cancún. Admitió la demanda el 16 de marzo de 2021, 204 días después de que se intentara presentar por primera vez, mientras que cuando se acepta un amparo el promedio es de un mes en tener una suspensión provisional. No es una excepción. En otros ocho ocurrieron situaciones similares. Hay al menos 16 amparos colectivos en contra del Tren Maya. Se habló tanto con las organizaciones como con los ciudadanos que asesoran, así como con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, y se comprobó el discurrir de los amparos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Además del caso de Quintana Roo, en Yucatán dos amparos están en la Suprema Corte de Justicia tras ser rechazados y en otros dos, un tribunal colegiado tuvo que obligar a admitirlos; durante el inicio de la pandemia, un juzgado fue forzado a admitir un amparo en contra de los desalojos en Campeche y en otro en Candelaria hay una resolución que no ha sido notificada a los afectados; un amparo puesto en la Ciudad de México entró en un laberinto judicial para ser, meses después, admitido en Campeche. La asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos aconseja en ocho de los amparos. Fundada en 1991 y con sede en Chablekal, Yucatán, han asesorado a comunidades en litigios frente a megagranjas porcinas o venta de tierras en ejidos. Orvelín Montiel, abogado de su equipo jurídico desde 2012, opina que, al tratarse de un tema relevante para el sexenio y el gobierno, parece que hay jueces que temen las repercusiones de entrar en amparos. "Desechan los amparos y sólo los admiten una vez que se ha puesto un recurso y un tribunal colegiado los obliga y aún así no quieren conceder las suspensiones", razona. En un amparo, la suspensión sirve para que mientras se decide sobre el asunto legal, no haya daños o perjuicios que no se puedan reparar en la situación de los agraviados. Desde indignación asesoran a grupos del pueblo Maya-Ch'ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, a la asamblea Múuch' Xíinbal y a la agrupación Chuun t'aan. Cada uno de sus amparos está firmado por entre 10 y 40 personas. "Uno de los amparos, que cayó en el Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán y que se reclamaba falta de información, la licitación del tramo, que la consulta de diciembre de 2019 que supuestamente autorizó el tren no cumplió los estándares, daños al medio ambiente sano y al patrimonio cultural, fue desechado". Resume: "Lo impugnamos y un tribunal colegiado obligó al juez a admitir el amparo. Una vez que lo admitieron, negaron la suspensión provisional. Hace un mes realizamos una ampliación para demandar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no tuvo en cuenta las opiniones que les hicieron llegar para la manifestación de impacto ambiental, y aquí sí dieron una suspensión definitiva". Al cuestionar al respecto, Fonatur contestó que ese juzgado tiene "una falta de conocimiento de la legislación ambiental". La postura de Fonatur y del gobierno federal sobre los amparos se resume en unas declaraciones de su director, Rogelio Jiménez Pons: "Los esfuerzos legales para detenerlo responden a intereses individuales y no a la voluntad de las comunidades. Se trata de organizaciones con una estrategia mediática y una agenda política". En una conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos de recibir, desde 2006, 14 millones de dólares de Estados Unidos para oponerse al Tren Maya. "A MÍ NADIE ME MANIPULA" Dos de los amparos que están radicados en Campeche tienen que ver con lo que la autoridad llama Proceso de Relocalización Consensuada y que los afectados de tres barrios de Campeche y los de la población de Candelaria prefieren nombrar como Desalojo Forzoso. Entre los firmantes está Joaquín Aguilar, un aguador de 59 años, cuyo hogar de concreto y zinc, donde vive con su esposa, hijos y nietos, está pegado a las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Ese derecho de vía lo quiere usar Fonatur para construir el Tren Maya. Por razones de seguridad no puede haber viviendas ni inmuebles a 20 metros por cada lado del eje e irá vallado. Según documentos oficiales de Fonatur obtenidos 294 de los 724 kilómetros ya en construcción del Tren Maya tienen invasiones, con mil 718 puntos dentro de esa franja. "A mí nadie me está manipulando, yo estoy en el amparo porque quiero, porque creo que es en mi beneficio. Yo sólo tengo donde vivo, tardé 20 años en levantar mi casa, y si pasa el tren aquí nos van a desplazar, bueno, o como dicen ellos, reubicar... nosotros argumentamos que somos de antes del tren, que no invadimos nada. Aquí firmamos 80 familias.