El auge de la banca digital en AL

América Latina ha surgido como el próximo centro de actividad para el crecimiento de los bancos y otras  instituciones financieras que buscan nuevas oportunidades para ampliar la inclusión financiera y atraer a  nuevos clientes con servicios de banca digital. El sector regional fintech ha seguido creciendo de frente a  la pandemia de la COVID-19 debido a una mayor demanda de servicios financieros móviles por parte de  los consumidores. Las aplicaciones de pago digital, utilizadas en gran medida para las transacciones de  

Remesas de los consumidores desde Estados Unidos, se han vuelto cada vez más populares en los cinco  mayores mercados financieros y de fintech de América Latina – México, Colombia, Brasil, Chile y  Argentina.  

Aunque las autoridades reguladoras se han rezagado en la implementación de marcos legales para los  servicios digitales, gran parte de esto se debe a un gran sector informal y a un retraso de los pagos  digitales debido a la preferencia por el efectivo. Un creciente número de empresas fintech e iniciativas de  banca digital por parte de los actores financieros tradicionales buscan revertir esta tendencia. Como  resultado de este auge, América Latina vio una gran actividad regulatoria, especialmente en áreas como  la banca abierta, la privacidad y protección de datos, y la firma electrónica. 

Banca abierta

La banca abierta en América Latina adquirió relevancia en el frente regulatorio en el último año. Varios  países, especialmente Brasil, vieron un aumento de la demanda de acceso a los pagos digitales y en  respuesta pusieron en marcha iniciativas de banca abierta. 

En marzo de 2020, el banco central de México publicó el primer conjunto de normas para la banca  abierta de conformidad con su Ley Fintech. Las normas iniciales integran los burós de crédito y las  cámaras de compensación al marco de la banca abierta. El despliegue ha sido muy lento, ya que hasta  ahora sólo se ha centrado en el acceso a datos financieros no confidenciales, tales como la información  sobre productos financieros, lo cual es mucho menor de lo que se había previsto.  

En mayo de 2020, Brasil publicó la normatividad para la banca abierta en el país, permitiendo compartir  datos personales entre entidades financieras e integrando los sistemas de interfaz de programación de  aplicaciones (API) de las instituciones financieras existentes. La banca abierta se está desplegando en  cuatro fases. La primera fase, que comenzó a principios de febrero de 2021, requiere que las empresas  financieras abran los datos acerca de sus productos y servicios bancarios a través de las API abiertas.  Esto debería aumentar la transparencia y la competencia entre los bancos del país.

La fase 2 comienza en julio, los bancos y otras instituciones reguladas empezarán a compartir los datos  de los clientes, tras recibir el consentimiento de los mismos. La fase 3 comienza en agosto y les permite  a los consumidores pagar facturas y transferir dinero fuera de su propio banco. En diciembre, la banca  abierta pasa a la fase 4, la cual permitirá compartir toda la demás información y servicios, tales como  seguros e inversiones. 

La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) de Colombia, una  agencia gubernamental, se encuentra elaborando la regulación de banca abierta y espera tenerla lista en  el tercer trimestre de 2021 con un lanzamiento formal en el 2022. Al igual que muchas jurisdicciones,  Colombia planea promover un sandbox regulatorio. 

La Ley de Portabilidad Financiera de Chile de 2020, que les facilita a los clientes de servicios financieros  cambiarse de institución, podría ser el catalizador de la banca abierta. El despliegue de la nueva ley ha  sido lento y, aunque la banca abierta está prevista, es probable que aún esté a dos o tres años.  

Privacidad y protección de datos

La privacidad y la protección de datos es un área que ha visto mucha actividad en el último año. 

En febrero de 2020, el gobierno uruguayo emitió un decreto que introduce nuevas normas relacionadas  con la privacidad de los datos personales que complementan la ley de 2017. El proyecto de ley chileno  que Regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y Crea la Agencia de Protección de  

Datos Personales sigue avanzando en su proceso legislativo. En marzo se remitió a la Comisión de  Hacienda del Senado. Si se promulga, el proyecto de ley alineará las leyes de protección de datos de  Chile con regulaciones tales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión  Europea (UE). En enero de 2021, el gobierno reiteró su deseo de acelerar el avance del proyecto de ley  de protección de datos, convirtiéndolo en una prioridad legislativa para el 2021.2 

La nueva ley de privacidad de datos de Brasil, modelada según el RGPD de la UE, la LGPD (Lei Geral  de Proteção de Dados Pessoais), entró en vigor el 16 de septiembre de 2020. Su aplicación comenzará  el 1 de agosto de 2021.  

Firma electrónica

El uso de las firmas electrónicas en América Latina está creciendo, particularmente en las empresas y  otras entidades donde existe una mayor aceptación que apoya las firmas electrónicas y las firmas digitales. Esto incluye a México, Brasil, Colombia, Perú y Chile, entre otros. 

Sin embargo, aún existen una serie de retos en el frente normativo. Ahora bien, algunos países  latinoamericanos han promulgado leyes de comunicaciones electrónicas con requisitos de firma  electrónica en el último año, sobre todo en respuesta a la pandemia de la COVID-19; mientras que otros  continúan implementando la firma electrónica como parte de los planes nacionales de largo plazo para  modernizar las industrias bancarias y de pagos. Muchas de las leyes son de amplio alcance y no se  dirigen necesariamente a las industrias bancarias o de pagos.