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10 años de reformas en materia de amparo y derechos humano

10 años de reformas en materia de amparo y derechos humano
En la Segunda Mesa del Diálogo participaron legisladoras y legisladores que integrarán la LXV Legislatura

Publicación:11-06-2021
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Indispensable, modificar la ley para empezar a trabajar desde esa perspectiva normativa: diputada Sauri Riancho.

En la Segunda Mesa del Diálogo "Reflexiones a diez años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos", diputadas, diputados y exsenadores abordaron los orígenes de la reforma del 10 de junio de 2011, sus avances y los retos que la nueva realidad impone en la materia.

Las Mesas de Diálogo fueron organizadas por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Realidad no se transforma, si antes no lo hace la norma

En la moderación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, señaló que la norma, por más relevante que sea, como es la constitucional en materia de derechos humanos, por sí misma no transforma la realidad, pero la "experiencia que hemos vivido a lo largo de estos años, es que la realidad no se transforma, si antes no lo hace la norma".

Consideró indispensable que se modifique la ley para empezar a trabajar desde esa perspectiva normativa en la transformación de la realidad y en su cabal aplicación.

Mencionó que la historia muestra cómo el país y sus instituciones se han ido transformando para ejercer derechos políticos y, en el caso de las mujeres, a una igualdad sustantiva, a fin de ejercer no solo la participación política sino todos los derechos a los que se pueden acceder como ser humano.

Sauri Riancho celebró que se estén bosquejando las tareas de la LXV Legislatura, como es la propuesta de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías y el artículo 33 constitucional.

Añadió que casi el 28 por ciento de los 500 diputados y diputadas de la próxima Legislatura estará conformado por legisladoras y legisladores con experiencia inmediata y directa en la LXIV Legislatura. "Estamos en presencia de la mayor y más importante masa crítica de conocimientos y experiencias que el Poder Legislativo mexicano ha tenido; espero que esto internamente, en el trabajo de la Cámara de Diputados, se refleje en legislación cada vez mejor para atender las grandes necesidades de nuestra sociedad".

Puntualizó que la LXV Legislatura tendrá la ventaja que la LXIV no tuvo: "no va a tener un solo partido mayoría absoluta, pues cuando la hay se relajan esos mecanismos que conducen al diálogo, al intercambio y a la construcción de acuerdos que permiten hacer una buena legislación; a veces, la mayoría no es consciente de que eso está sucediendo".

Llamó a revisar temas relacionados con la interpretación del Reglamento, como son las reservas y el proceso legislativo cuando el Senado de la República decide reformar artículos como cámara revisora que ni siquiera estaban contemplados en la minuta que se les envió y dejan a la Cámara de Diputados en un estado de indefensión.

Avance jurídico más importante de México

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz, señaló que el decreto publicado el 10 de junio de 2011 fortaleció el Juicio de Amparo y cambió el paradigma de los derechos humanos, por lo que se congratuló por el décimo aniversario de la publicación de la reforma estructural más importante de la Constitución desde 1917.

Mencionó que las modificaciones en materia de derechos humanos constituyeron un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocaron a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno; se podría considerar como el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Dichas reformas, expuso, involucran a todos los poderes públicos, organismos constitucionales autónomos y aquellos que realizan alguna función vinculada con el servicio público, lo que incluye a particulares. No obstante, afirmó, es necesario preguntarse cómo vamos, se han cumplido las expectativas, se requieren reformas u otro tipo de acciones, y cuál es el futuro de los derechos humanos, pues "ninguna reforma por sí misma transforma las cosas mágicamente".

Estado mexicano no respetaba los derechos humanos

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), presidente del Comité de Decanos de la LXIV Legislatura, señaló que el contenido del segundo párrafo del artículo primero de la Constitución "fue necesario porque el Estado mexicano no respetaba los derechos humanos, al grado de ignorar el alcance de las normas y la obligatoriedad de los tratados internacionales, al tiempo que se prefería el interés de Estado por encima de la protección de las personas".

Estimó que "en realidad, mucho de lo que dice la Constitución saldría sobrando si en México hubiera habido un Estado democrático de derecho, pero no lo hubo, así que debía ser incluido todo lo posible, aunque fuera obvio, como eso de que toda autoridad tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias".

Resaltó la importancia de la progresividad, porque es no echar atrás ningún derecho conquistado, sino procurar su desarrollo. Estimó que se debe establecer en la Constitución la orientación sexual. Consideró que el Congreso también debería aportar una serie de elementos normativos que orienten la aplicación de los principios fundamentales que están en el artículo primero de la Carta Magna.

Principio de progresividad impide retroceso de derechos humanos

El exsenador y diputado electo para la LXV Legislatura, Santiago Creel Miranda, mencionó que la reforma no sólo estableció a los derechos humanos como inalienables e insuspendibles, sino que se amplió el catálogo de éstos y toca la raíz del derecho y sus bases. Asimismo, se definió el principio de progresividad a fin de que el Estado procure por todos los medios posibles la vigencia de las garantías e impida su retroceso.

Apuntó que el trabajo legislativo deberá enfocarse a crear las leyes de reparación del daño y la reglamentaria al artículo 33 de la Constitución en materia de expulsión de extranjeros, regular los temas de asilo y refugio, la suspensión del ejercicio de derechos y garantías, así como la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas. Propuso constituir una comisión que dé seguimiento a estos pendientes y compilar los derechos humanos de los tratados de los que México es parte.

México sigue siendo un país de claroscuros

El exsenador Pedro Joaquín Coldwell señaló que las modificaciones constitucionales de los últimos 25 años en materia política, electoral, económica y de derechos, propiciaron cambios profundos en el funcionamiento del país, pero fueron insuficientes para erradicar violencia, corrupción y desigualdad económica.

"México continúa siendo un país con violaciones continuas y graves de los derechos humanos, derivados de la irrupción de la delincuencia organizada, pero hubiera sido peor afrontar esta ola de violencia social con un orden jurídico interno rezagado como el que teníamos antes de la reforma, que como lo estamos haciendo ahora". Expresó que la reforma fue un paso en la dirección correcta y que en materia de respeto y protección de derechos humanos, e incluso legislación, queda "un largo y sinuoso" camino por recorrer.

Resolver conflictos por encima de procedimientos

El secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Hugo Christian Rosas de León, resaltó la dimensión cualitativa de la reforma que se conmemora. Recordó que la reforma en materia de amparo permite establecer un paquete integral para mejorar la justica y el reconocimiento de los derechos fundamentales, atendiendo e impactando la vida cotidiana de las personas, contribuye a fortalecer la legitimad del Estado mexicano.

Dijo que uno de los grandes retos que enfrenta la legislación es materializar, a nivel secundario, el mandato constitucional del artículo 17 que marca que las autoridades judiciales que resuelvan juicios o procedimientos privilegien la resolución del conflicto por encima de las formalidades procedimentales.

"La valía de ambas mesas que se desarrollaron el día de hoy es que participaron actores que pueden materializar las reflexiones que se expresaron", puntualizó.



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