Reflexionan sobre “deuda legislativa”

Por lo que deben mejorarse las leyes y la política pública y unificar estándares de calidad en esos espacios, reconoció Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

El funcionario federal participó en un panel dentro del Foro Todas las juventudes cuentan. Situación de las juventudes egresadas de centros de asistencia social en México, la mañana del miércoles, que fue un encuentro virtual con la presencia de servidores públicos hombres y mujeres de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes de gobiernos federal y estatal, directivos de casas hogar, organizaciones de la sociedad civil, egresados de centros asistenciales e investigadores.

El panel estuvo integrado por Paula Ramírez, oficial de Protección, UNICEF México; Andrea Márquez, relatora por las Niñas y los Niños de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y Jorge Salcedo, director de Medidas de Protección de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), además de Bucio Mújica.

En el foro, organizado por la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, también participaron Leticia López Villarreal, directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la UDEM; y Martha Zanabria, investigadora de la UAM Xochimilco; para presentar una investigación sobre la situación de centros asistenciales en seis países latinoamericanos.

En su intervención, Bucio Mújica advirtió la diferencia en los estándares de calidad de diferentes centros de asistencia social y la falta de una institución que se responsabilice de los procesos de egreso de las y los jóvenes, pero señaló que existe una gran disposición de acompañarles en el camino de elegir un proyecto de vida.

"Tenemos un trabajo que hacer desde la política pública, desde la homologación de estándares, de revisión del funcionamiento de los centros de asistencia social –unos maravillosos y otros muy deplorables, con posibilidades de abusos–, pero también tenemos que hacer este acompañamiento a sus procesos vitales, incluso a nivel de tutorías familiares”, indicó.

Durante su intervención, el especialista en políticas públicas hizo notar que hay un contraste entre las leyes actuales –las cuales requieren una definición más clara– y la realidad de los centros de asistencia social, así como la experiencia de las y los jóvenes egresados.

“No coinciden las realidades, pero sí hay este contraste que nos dice que hay que mejorar la legislación y la política pública, que hay que tratar de unificar ciertos estándares en los centros de asistencia social y que una persona requiere un proceso de acompañamiento en su egreso”, sostuvo.

Bucio Mújica desmintió que recientemente se haya legislado para cerrar los centros de asistencia social, sino que la ley promueve los programas de acogimiento familiar para impulsar que las niñas y los niños tengan un espacio residencial alternativo en un núcleo familiar.

“Hay una perspectiva de disminuir y eliminar en todos los casos posibles la institucionalización: no en todos los casos es posible, pero en todos los casos posibles favorecer que cada niño o niña, incluso en situaciones complejas, como un solicitante de refugio o un migrante no acompañado en nuestro país, tenga acceso a un grupo familiar de acogida temporal, que no pase por un centro de asistencia social en lo posible”, aclaró.

El politólogo destacó que son dos líneas las que tienen que converger: una mejora en el funcionamiento, registro, certificación y estándares de los centros de asistencia social y el proceso de tratar de sustituir los centros por comunidades de acogida y las familias de acogida.

Ante la falta de una ley general de derechos de la juventud en el país –ya que no se ha ratificado a la Comisión Interamericana en ese sentido, de acuerdo con Bucio Mújica–, existe “una deuda con las personas de entre 18 y 29 años de edad en términos legislativos”, pero se cuenta con el apoyo de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que puede ligarse a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, López Villarreal exhortó, entre las recomendaciones principales como resultado de la investigación, a prevenir, en primera instancia, la separación entre las y los jóvenes y su familia de origen; diseñar, implementar y evaluar mejoras en las prácticas en los centros de asistencia social; expandir la oferta en la modalidad de programas de acogimiento familiar, el desarrollo de habilidades para la vida independiente, una estancia en viviendas especiales para jóvenes y la preparación para la vinculación laboral, entre otras.

La directiva de la UDEM explicó que el estudio buscó reunir información sobre las principales políticas, medidas y acciones que se desarrollan a nivel regional, orientadas a acompañar el egreso de adolescentes y jóvenes del sistema de cuidados alternativos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y México.

Agregó que la investigación se realizó en el marco del convenio entre la asociación civil Doncel, como representante de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, además de que se realizó una recolección de información secundaria, material documental, normativas, estadística, así como realización de grupos focales con adolescentes preegresados y egresados, y de entrevistas a informantes clave.

En su participación, Zanabria estableció que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (vigente desde 2014) ha permitido transitar de un modelo asistencial desarticulado en la implementación de políticas públicas a un modelo de protección integral aún en construcción.

"Como primer hallazgo, encontramos que en México existe una falta de información nacional, cuantitativa y cualitativa, precisa y actualizada, de estadísticas gubernamentales que den cuenta de la situación de vida y de la cantidad de jóvenes que egresan de los centros de asistencia”, señaló.

Añadió que existen diferencias en los criterios de admisión de la población que atiende, los modelos de atención y los recursos disponibles, lo que se ve reflejado en la escasa capacitación o profesionalización que suele tener el personal responsable.

La académica destacó que, aunque debería privilegiarse el derecho de adolescentes a vivir en familia y en comunidad, la tendencia predominante es la estancia de niñas, niños y adolescentes en dispositivos de cuidado residencial en largos periodos, con siete años en promedio.

El Foro incluyó además el Diálogo con las juventudes, con la participación de Martha Benavides, de Pequeños Gigantes y quien egresó de la Licenciatura en Derecho de la UDEM; Laura Trejo, de EDNICA/Proniños de la Calle; y Gonzalo Fernández, de Aldeas Infantiles SOS México.