Human Rights Watch denuncia violaciones de DH en Ecuador

Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles una serie de violaciones a los derechos humanos en Ecuador, con responsables que no han rendido cuentas ante la justicia. Esto sigue al decreto del Presidente Daniel Noboa de un estado de conflicto armado interno en enero, en medio de una creciente violencia generada por bandas criminales.

En una epístola dirigida a Noboa, HRW cuestionó la legalidad del conflicto armado interno, argumentando que "parece carecer de sustento legal" y aclarando que dicha condición implica una "violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados".

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señaló que esta situación ha llevado a "serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad", incluyendo al menos una presunta ejecución extrajudicial, múltiples detenciones arbitrarias, malos tratos y la falta de procesamiento judicial de aproximadamente 13 mil detenidos.

La jornada violenta incluyó la fuga de prisión de los líderes criminales Adolfo Macías y Fabricio Colón Pico, así como la toma en vivo de un canal de televisión estatal por encapuchados armados el 9 de enero, echo que generó revuelo a nivel internacional.

En respuesta, Noboa declaró el estado de conflicto armado interno para enfrentar a los grupos criminales, identificando a 22 bandas del crimen organizado, calificadas como terroristas por el Gobierno. Esto autorizó la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en calles y cárceles, vistas por la policía como centros de mando del crimen organizado.

Un caso documentado por HRW involucró la muerte de Carlos Javier Vega, de 19 años, y las heridas a su primo Eduardo Velasco el 2 de febrero en Guayaquil. Las Fuerzas Armadas alegaron que los jóvenes intentaron "evadir el control, embistiendo a personal militar", y los calificaron de "terroristas". La familia de Vega y Velasco denunció abuso de la fuerza, afirmando que los jóvenes solo salieron de casa para vender un cachorro. HRW contradijo la versión del Ejército tras entrevistar a testigos, familiares, abogados de las víctimas, y revisar vídeos, fotografías y documentos judiciales.

HRW afirmó que el Gobierno ecuatoriano "no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de esos 22 grupos de delincuencia organizada". Además, muchas personas detenidas aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o juez. Según el informe, muchas de las más de 13 mil personas detenidas estuvieron bajo custodia brevemente y al margen del proceso legal, siendo sometidas a malos tratos, según vídeos y fotografías verificados por HRW.

En las cárceles, el informe de HRW denuncia que los militares mantienen incomunicados a los detenidos, obstaculizando su derecho a consultar con abogados o recibir asistencia médica. Un detenido describió en una audiencia judicial cómo los militares le pegaron con un cable y le pisaron un dedo. "Como ayer no pueden pegarme, supuestamente porque soy enfermo, me hicieron abrir las piernas y me dan en los testículos", dijo.

HRW destacó que el informe enviado a Noboa se basó en trabajo realizado entre enero y abril, incluyendo entrevistas con víctimas de abusos, sus familiares, abogados, y análisis de información de ministerios e instituciones del Estado, además de revisar fotografías, vídeos y asistir virtualmente a audiencias judiciales.

Goerbertus instó al Presidente Noboa a "responder a la violencia (criminal) con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos", fortaleciendo el sistema judicial, creando una unidad de investigación en la Fiscalía General y aumentando la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces para combatir la delincuencia organizada y la corrupción, así como proteger a los funcionarios judiciales.