"Covid evidenció precariedad y desigualdad en América"

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.- El jurista mexicano Joel Hernández García, uno de los siete comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ), narra que el Covid-19 exhibe la "precariedad" de sociedades "muy desiguales" en América, alerta del riesgo de "la viabilidad" de los pueblos indígenas americanos ante las políticas "extractivistas" de recursos naturales y afirma que la situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua es "preocupante". Hernández, de 58 años, fue reelecto el 12 de noviembre anterior como comisionado de 2022 a 2025, porque primero ejerció de 2018 a 2021 y en 2020 como presidente de esa instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA). El siguiente es un extracto de una entrevista. ¿Es evidente el deterioro de los derechos humanos en América? —Es difícil poner las cosas en blanco y negro. Hay claroscuros, avances y retrocesos. En cada Estado de la OEA hay mayor conciencia de garantizar y respetar los derechos humanos. Pero también en algunas regiones y temáticas este año nos abrió nuevos desafíos o algunos que ya existían y se han vuelto más presentes. El coronavirus devela la precariedad en sociedades muy desiguales en el continente americano. ¿Qué opina de las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos en México por abusos militares y policiales? —Por estatuto de la CIDH, como mexicano no puedo pronunciarme sobre México. Pero México está vinculado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (de 1969) y desde 1998 reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto garantiza a las y los mexicanos el nivel de protección máximo del sistema. Cuba está fuera de la OEA. ¿Qué hace la CIDH sobre las alertas de violaciones a derechos humanos en ese país? —La CIDH tiene competencia sobre Cuba, ya que fue Estado signatario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). Basada en la Carta de la OEA (1948), la CIDH toma conocimiento de los derechos humanos en Cuba. En un informe que la CIDH hizo en 2020 sobre Cuba está el acento marcado sobre la institucionalidad democrática de Cuba. La preocupación de la CIDH gira en torno al ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión. ¿Es preocupante? —Sí. Implica para la CIDH recordar las obligaciones de (…) Cuba de garantizar derechos humanos y libertades reconocidos en instrumentos internacionales de los que es parte. ¿Cómo evalúa la crisis en Nicaragua? La OEA desconoció la legitimidad de los comicios de ese país del 7 de este mes. Nicaragua anunció el 19 que saldrá de la OEA. —Con extrema preocupación. Me sumo a la preocupación de la CIDH por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua que se observa desde abril de 2018 cuando se produjo un estallido social que fue brutalmente reprimido y dejó más de 320 víctimas fatales. Hay una situación preocupante de cierre absoluto de todo espacio cívico democrático. Lo constatamos: no hay posibilidad de que nicaragüenses puedan hacer valer su derecho a libertad de expresión, a disentir y ser críticos de sus autoridades y al derecho a competir en condición de igualdad, equidad y transparencia en contiendas electorales. Esto pone a Nicaragua en extrema alerta por la vigencia de los derechos humanos. [Al salirse de la OEA] los que pierden son Nicaragua y los nicaragüenses. Significa aislar a Nicaragua. Se reprocha que la CIDH ataca a Cuba, Nicaragua y gobiernos izquierdistas y calla ante violaciones a los derechos humanos en Chile, Colombia, Brasil y otras naciones derechistas y en casos como la crisis de pueblos aborígenes. ¿Es eso cierto? —En cada país la CIDH ha estado muy atenta. En 2019 la CIDH publicó un informe sobre los pueblos indígenas en la Amazonia. Uno de los grandes temas de preocupación que existen en todos los pueblos indígenas [americanos] son las políticas extractivistas en los Estados, que promueven inversiones para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, ancestrales, y que, cuando estos proyectos no siguen ciertos principios, ponen en peligro la viabilidad de los pueblos indígenas. Las cárceles son bombas de tiempo. Ecuador, Honduras, Venezuela o Brasil son ejemplos de motines sangrientos. ¿Incumplen esos y otros Estados su responsabilidad de velar por la integridad física de los presos? —Existe un abuso de la prisión preventiva. La CIDH determinó que 60% de la población carcelaria en el continente está en prisión preventiva y hay países que están por arriba del promedio. Son personas privadas de libertad y no han sido condenadas. La CIDH promueve que los Estados adopten medidas alternativas a la prisión preventiva y que la prisión sea la medida de último recurso, cuando existan temores muy bien fundados de la peligrosidad de una persona sometida a un proceso penal. Pero debía ser la excepción, no la regla. Esto lleva a crisis penitenciarias. Ecuador es la más reciente. Los Estados deben entender la responsabilidad que tienen como garantes de la vida de las personas que están bajo su potestad por estar privadas de la libertad. América sufre un conflicto migratorio que mezcla a americanos, africanos y asiáticos. ¿Cómo enfrentarla y respetar los derechos humanos de los migrantes? —Es un gran reto. Los haitianos salen por la pobreza y la crisis humanitaria en Haití. Hay una salida de millones de venezolanos de Venezuela por la situación política. Más de 100 mil nicaragüenses salieron por la crisis política y de derechos humanos. Hay migración forzada económica y ahora por el cambio climático. Falta una visión hemisférica del fenómeno sobre la raíz de la migración y sus consecuencias y adoptar una responsabilidad internacional compartida. ¿Qué piensa del drama de Haití? —Haití no sale de sus crisis permanentes de ingobernabilidad, pobreza extrema, sin institucionalidad para hacer valer los derechos humanos, económicos y sociales. Es realmente gravísimo.