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Ve necesidad de vigilar actuación de jueces


Publicacion:10-10-2018

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El Magistrado Gama Leyva señaló que la actuación de los jueces está en la mira pública y es necesario prestar atención a sus formas de trabajar.

Al ver que la estadística judicial permite evaluar la actuación de los tribunales, el Magistrado Gama Leyva, jefe de la Unidad de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, señaló que la actuación de los jueces está en la mira pública y es necesario prestar atención a sus formas de trabajar.

Así es que la estadística judicial es una herramienta que nos permite evaluar cómo actúan los tribunales, sobre todo cuando la actuación de los jueces está en la mira pública y es necesario prestar atención a sus formas de trabajar, a los resultados que presentan y en cómo se pueden evaluar estos, afirmó Leopoldo Gama Leyva, jefe de la Unidad de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al moderar la mesa de trabajo “Medir para evaluar: situación de la estadística judicial en México”, en el marco del Observatorio: Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad. “E-lecciones en tiempos de Internet”, organizado por el TEPJF, Gama Leyva indicó que aún hay mucho terreno que recorrer en el área de la estadística judicial.

Añadió que la experiencia en otros países, en cuanto a la valoración del Poder Judicial, está sometida a criterios subjetivos, algunas veces ideológicos y políticos, mientras que en México se avanza en la valoración de los datos, tema que merece ser fortalecido. “Sin duda, con el fortalecimiento de este tipo de estudios, se redunda en beneficio de la impartición de justicia”.

Oscar Jaimes Bello, Director de Desarrollo de Información Gubernamental del INEGI, planteó que desde 2008 hay un nuevo subsistema de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, aprobado por la Cámara de Diputados y coincidió con una problemática de escalada de seguridad.

Tatiana Alfonso Sierra, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mencionó que México es un paraíso para quienes hacen estudios empíricos del derecho sobre instituciones legales y sociales, sobre todo porque el INEGI produce toda esa información que “requerimos en las áreas y logramos entrecruzar información”.

En la mesa de trabajo también participaron José Pozo Martínez, Secretario técnico de la Dirección General de Estadística del Consejo de la Judicatura Federal y Guadalupe Oliveros, titular de la Oficina de Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además y dentro de este plan de trabajo, se dijo que para lograr automatizar los procesos para obtener información pública en tiempo real, se debe explotar el uso de las tecnologías.

Al continuar los trabajos del Observatorio Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad. “E-lecciones en tiempos de internet”, los especialistas señalaron que es tiempo de que se dé un paso más para concretar el gobierno abierto.

Ante especialistas en materia de justicia y gobierno abierto, expresaron que el uso de las nuevas tecnologías es fundamental para que se logre un avance más efectivo en el acceso a la información y a la transparencia por parte de las instituciones gubernamentales, a fin de que los ciudadanos puedan conocer a fondo dicha información y, con ello, tomar decisiones informadas.

La coordinadora del Laboratorio de Gobernanza de la Universidad de Nueva York, Dinorah Cantú Pedraza, aseguró que es importante que se explote al máximo el uso de las tecnologías, para lograr automatizar los procesos para la obtención de la información pública en tiempo real.

Así es que al participar en el Observatorio: “Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que las instituciones actuales siguen operando mecanismos de acceso a la información con modelos que se diseñaron hace mucho tiempo, cuando el método de comunicación era la imprenta, el cual cambió totalmente.

 “El potencial es la tecnología. Cuando decimos tecnología, ¿qué es? Bueno, es capacidad de procesar información, de analizar información que antes no teníamos. Así está el tema de automatizar procesos en ese sentido, de generar redes, de tener un alcance instantáneo mucho más rápido y en ese sentido está la inmediatez, tener acceso, información a tiempo real”, sostuvo.

Por su parte, la Directora de Investigación y Políticas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Silvana Fumega, señaló que la problemática actual, más allá del lanzamiento de la alianza para el gobierno abierto, se centra en implementación del componente tecnológico.

 “En este sentido es que se incluye esta idea de los datos abiertos que, en líneas generales, son los datos el componente mínimo con el cual se puede llegar a formar o a obtener información, y de ahí es que se obtiene más conocimiento. Por ello, el componente mínimo de la información es tener un formato que no tenga ningún tipo de restricción para que pueda ser utilizado, reutilizado y distribuido sin ningún tipo de barrera tecnológica o legal”, subrayó durante su intervención en la mesa 2 “Datos abiertos: tecnología para la accesibilidad a la justicia abierta, Experiencias comparadas”.

En su turno, el politólogo y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Eric Magar, comentó que el acceso a la información y la transparencia constan de tres niveles: el primero es básicamente la existencia de datos abiertos; el segundo es la replicabilidad de las decisiones públicas; y el tercero es la participación ciudadana en este proceso.

Finalmente, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, señaló que la gran tarea que tiene este órgano es que el servicio público rinda cuentas, atiendan las necesidades de las personas y se ponga al centro al ciudadano, para lo cual se ha pasado ya de una transparencia reactiva a impulsar una política pública de transparencia proactiva, a partir de potenciar la tecnología para que se pueda procesar y analizar la información.

En este tenor, recordó que en México la política pública en materia de gobierno abierto inició desde el 2011, que permitió la interacción de la sociedad civil con los órganos del Estado, por lo que a partir de ese momento surgen una serie de acciones de distintos órganos de gobierno de los tres poderes de la unión para concretar dicho objetivo.

De esta manera y siguiendo la métrica del gobierno abierto, desde el año 2017, en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se impulsó un programa que fundamentalmente tiene como objetivo medir cuánto puede conocer un ciudadano de lo que hace el gobierno y cuánto puede incidir en la toma de sus decisiones, partiendo del principio de que “un ciudadano bien informado es un ciudadano empoderado”.

 

EL DERECHO SUMA A CIUDADANOS

Además el TEPJF impulsa nuevas alternativas para atender y fomentar la participación ciudadana, por ello se presenta la mesa: “Participación ciudadana y justicia abierta: litigio estratégico, amicus curiae y audiencias públicas”

Donde el magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Jorge Sánchez-Cordero Grossmann, señaló que para el Tribunal Electoral el tema de la justicia abierta ha sido agenda prioritaria desde hace mucho tiempo, por lo que siempre se están identificando retos y ofreciendo nuevas alternativas para atender y fomentar la participación ciudadana.

El magistrado se refirió a un caso que se presentó en la Sala Regional, en el que un grupo de estudiantes de Derecho solicitó participar como observadores de la sustanciación y resolución de los medios de impugnación relacionados con elecciones de dos municipios de Nuevo León. En este asunto, indicó, el debate más que concentrarse en el derecho a la información, se concentró en cómo garantizarlo.

Y es que el magistrado destacó que tal petición los llevó a reflexionar sobre los mecanismos que tiene el TEPJF, en su conjunto, para la que ciudadanía conozca su labor y, ante tal escenario, dijo, lo que se puede hacer es ir perfeccionando los mecanismos de difusión, de tal forma que los personas conozcan y ejerzan sus derechos y que el Tribunal procure difundir de la mejor manera y con la máxima responsabilidad su labor.

En su oportunidad, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Alejandro David Avante Juárez, subrayó que la impartición de justicia debe considerar que la realidad ya cambió, que somos otra sociedad, donde nuestras sentencias pueden llegar a ser leídas en cualquier parte del mundo. Al respecto, indicó que en México hay actualmente 79.1 millones de usuarios conectados a internet.

Al referirse al tema de justicia abierta, Avante Juárez refirió que se requiere que la justicia sea accesible, efectiva, transparente y cercana a la ciudadanía. Para que la justicia sea accesible, tenemos que partir del conocimiento de nuestros derechos; para que sea efectiva, debe haber un mecanismo para acceder al recurso o juicio; la transparencia está relacionada con independencia judicial y, por último, la justicia cercana debe atender el conflicto de fondo.

La representante de EQUIS Justicia para las mujeres, Fátima Gamboa, comentó que las y los ciudadanos tienen derecho a ver, saber y comprender cómo se está impartiendo justicia, cómo se están ejerciendo los recursos públicos, evaluar la eficiencia de las capacitaciones que van dirigidas a jueces y a juezas; pero, sobre todo, a saber cómo los jueces están cumpliendo con esta labor constitucional de revertir la desigualdad y la discriminación.

Gamboa indicó que la organización a la que pertenece realiza un observatorio de sentencias judiciales y, en su opinión, el Tribunal Electoral está abriendo camino y sentando precedente para otros tribunales, con lo que reconoció la labor de las magistradas y magistrados electorales que están realizando transformaciones y alianzas con la sociedad civil “para que pasemos de una ilusión de justicia a una justicia que podamos tocar con las manos”.

En su oportunidad, Irene Spigno, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), refirió que el otorgamiento de la justicia siempre ha sido una cuestión en donde los jueces y ciudadanos son parte de una relación vertical, donde los primeros imparten justicia y los segundos, han sido vistos, tradicionalmente, como los usuarios de ese servicio. Sin embargo, reconoció que estas posiciones de poder han ido cambiando, ante la necesidad de que cada institución tome sus compromisos y responsabilidades en la procuración y defensa de los derechos humanos.

Por su parte, José Octavio López Presa, del Sistema Nacional Anticorrupción, propuso avanzar en un combate más efectivo para reducir la corrupción, donde, dijo, se debe profesionalizar a todos los puestos claves del sistema nacional y de los sistemas estatales.

La moderación de la mesa, presentada en el marco del Observatorio: “Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet”, estuvo a cargo de la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago.

 

 

 



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