Chile se suma a países que avalan el matrimonio igualitario

SAN JOSÉ, Costa Rica.- Tras 14 años de pugna religiosa, política y judicial, Chile se sumó  a un reducido grupo de países de América Latina y el Caribe y aprobó la unión civil entre personas del mismo sexo o enlace igualitario como acto judicial administrativo no religioso, en un hecho que atizó las pugnas sociales en vísperas de la segunda y definitiva ronda de los comicios presidenciales del próximo 19 de diciembre.
Chile se unió a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y 18 estados de México y acató un fallo vinculante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) aprobó en noviembre de 2017 y difundió en enero de 2018 para advertir que sería inadmisible que haya "dos clases de uniones solemnes para consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual".
"Este es, sin duda, un logro histórico no sólo para Chile, sino mundial", afirmó la chilena Paulina Acevedo, coordinadora de Ciudadanía e Interculturalidad en el (no estatal) Observatorio Ciudadano de Chile.
"Esta aprobación incentiva que se vaya ratificando en otros países. Es un impulso que ha dado Chile a la igualdad de condiciones para las personas del mismo sexo que desean contraer un vínculo matrimonial", explicó Acevedo a EL UNIVERSAL.
"Lo que hoy acontece en Chile es un paso hacia adelante en torno a las libertades, a la igualdad de condiciones y a la no discriminación que celebramos y valoramos ampliamente", afirmó.
La propuesta obtuvo un amplio respaldo en ambas cámaras: en la Cámara de Diputados se aprobó por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones; mientras que, horas antes, la Cámara Alta le dio el visto bueno con el respaldo de 21 senadores, ocho en contra y tres abstenciones. La ley pasará a la firma del presidente de Chile, Sebastián Piñera, un conservador de centro-derecha que en junio anterior anunció que la impulsaría, pese a que tampoco integra su ideario político.
La nueva norma modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, permitiendo el matrimonio de parejas del mismo sexo y regulando los derechos y obligaciones que adquirirán quienes lo celebren, como la adopción de hijos en conjunto.
Aunque el proyecto original fue planteado en agosto de 2017 por la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el primer intento se registró en 2008 en una gestión del (no estatal) Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh). El Estado chileno fue demandado en 2012 por Movilh en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición.
Chile promulgó en 2015 el Acuerdo de Unión Civil, que se convirtió hasta ayer en el único instrumento legal para refrendar la unión de personas del mismo sexo y permitió acceder a variados derechos y deberes del matrimonio. El acuerdo, sin embargo, cerró otras posibilidades y generó factores catalogados como discriminatorios por activistas de derechos humanos, como la adopción y los derechos de identidad o filiación de los hijos, entre otros.
Familias y parejas. Luego de que el Congreso avaló ayer el paquete de reformas a distintas estructuras legales, el Movilh proclamó en un comunicado que "Chile ha dado un paso histórico y decisivo para el avance y consolidación de los derechos humanos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales".
En declaraciones a la prensa de Chile en el recinto legislativo, la chilena Isabel Amor, directora de la (no estatal) Fundación Iguales y promotora de las reformas, describió: "Estoy tremendamente conmovida. (…) Ha sido una carrera de varios kilómetros". En contraste, en un pronunciamiento en junio de este año, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile cuestionó las "prioridades" parlamentarias de Piñera al final de su cuatrienio, que concluirá el próximo 1 de marzo.
El fallo de la Corte-IDH de 2017 en respuesta a una opinión consultiva del Estado costarricense de mayo de 2016. A cuatro años de la resolución, todavía falta por ser acatada por 12 de las 20 naciones que, entre las 35 de América, reconocen la jurisdicción de la Corte, regido por la Convención e instancia autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Barbados, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.