El parteaguas de las luchas por una nueva democracia que desterrara el viejo régimen de opresión impuesto en México los últimos 50 años, fueron los movimientos sociales de obreros, de campesinos, de copreros, de maestros, de doctores, de ferrocarrileros y de estudiantes.

La lucha estudiantil se solidarizó con las justas demandas del pueblo mexicano y mantuvo la movilización en las calles por la educación media y superior como un derecho de todos los jóvenes, la cual logró avances muy significativos, pero también enfrentó la más cruda represión.

Por ello, manifestamos nuestra solidaridad con el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), que el pasado fin de semana realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Palacio Nacional, instalando un campamento en el Zócalo para demandar al Gobierno Federal oportunidades de estudio y acceso efectivo para más de 250 mil jóvenes, gratuidad de la educación pública y eliminación del examen de ingreso.

Si bien la demanda fue atendida de inmediato por la Secretaría de Educación Pública y se acordó una mesa de diálogo con representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, uno de nuestros desafíos como país es desarrollar la universidad pública y gratuita como eje del sistema educativo transformador.

Más allá del compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo mediante el proyecto para crear durante su sexenio 100 universidades Benito Juárez, el Instituto Rosario Castellanos, que iniciará operaciones este año y, el Programa Cero Rechazados, que pretende abrir 51 mil lugares en universidades privadas y tecnológicas de CDMX y de los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, está el nuevo mandato constitucional del 15 de mayo del 2019.

Dicho mandato estipula en el Artículo Tercero que en nuestro país toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado Mexicano está obligado a impartir y garantizar la educación desde el nivel inicial hasta el superior de manera obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

En cuanto a la obligatoriedad de la educación superior, la Constitución Política Mexicana dispone ahora que las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia, continuidad y proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, el Transitorio Décimo Quinto del Decreto de Reforma Educativa establece que se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, estatal, municipal y, adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios y la plurianualidad de la infraestructura.

Para ello, el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020. Mientras llega tal plazo y se cumple la obligación de destinar a la educación el 8% del PIB, esperamos que en la mesa de diálogo se acuerden mecanismos para avanzar en el gran anhelo popular de la universidad pública y gratuita para todos, a pesar de que a junio de este año, según el informe de la Dirección de Educación Superior Universitaria, la Federación aportó 5 mil 405 millones de pesos en tiempo y forma, mientras que 22 gobiernos estatales adeudan mil 678 millones de pesos a universidades públicas estatales.

Garantizar la educación superior de calidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje; en planes y programas de estudio; en la formación de docentes; en esquemas de organización, gobierno y financiación; en equipamiento e infraestructura; en el uso de tecnologías digitales; en mejorar la investigación; en el emprendimiento estudiantil y su inserción laboral, implica que el sector público, privado y social le den mucho más valor a invertir en la educación.

La educación detona crecimiento económico y desarrollo social, ya que reduce los niveles de delincuencia, exclusión, deserción y drogadicción. Por ello, llegó la hora de poner alto a las políticas neoliberales que cada año generan la tragedia de 250 mil aspirantes rechazados por las universidades públicas, de ellos 20 mil estudiantes de la UANL.