"Traidores Nacionales" así calificó Vladimir Putin a los rusos que coinciden con las ideas liberales occidentales en febrero del 2023, justo a un año de la invasión a Ucrania. Este discurso no fue un simple arrebato de retórica belicosa, sino una manifestación de una estrategia política deliberada que se remonta a doce años atrás.

En 2012, Rusia aprobó la llamada "ley de agentes extranjeros", que requería que las organizaciones no gubernamentales (ONG) que recibían financiamiento del extranjero y participaban en actividades consideradas "políticas" se registraran como "agentes extranjeros". Esta ley no sólo buscaba desprestigiar a las ONG, sino también sembrar la duda y el miedo en la sociedad civil rusa, asociando la defensa de los derechos humanos, la crítica y la supervisión electoral con la traición a la patria.

La intención de la ley era clara desde el principio: crear un clima de sospecha y hostilidad hacia cualquier organización que pudiera desafiar al régimen de Putin. Al etiquetar a estas ONG como "agentes extranjeros", se les estigmatizaba y se insinuaba que sus actividades estaban dictadas por potencias occidentales enemigas, no por un genuino interés en mejorar la sociedad.

El impacto de esta ley ha sido devastador para la sociedad civil en Rusia. Más de 1000 organizaciones han sido etiquetadas como "agentes extranjeros" desde su implementación, lo que ha llevado a muchas a cerrar sus puertas debido a la inmensa presión financiera, el escrutinio legal y la pérdida de apoyo público. La ley ha sido utilizada para silenciar a los medios de comunicación independientes, quienes, tras ser designados como "agentes extranjeros", se ven obligados a marcar su contenido con un aviso que les quita credibilidad y espanta a potenciales anunciantes. No sorprende que, para 2021, alrededor de 1,500 activistas y periodistas hayan abandonado Rusia, huyendo de la represión.

En México, López Obrador ha arremetido repetidamente contra organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad" (MCCI), acusándolas de recibir financiamiento extranjero con la intención de desestabilizar su gobierno. Al igual que Putin en 2012, López Obrador está utilizando la retórica del nacionalismo y la soberanía para justificar una potencial represión contra organizaciones que lo critican. La amenaza de revisar y posiblemente restringir el financiamiento extranjero a estas organizaciones es un claro intento de amedrentarlas y silenciarlas.

Apenas ayer conocíamos la noticia de que un tribunal de Rusia habría condenado a una ciudadana ruso-estadounidense, a 12 años de prisión por "alta traición" tras haber realizado una donación de apenas 50 dólares a una ONG que proporciona asistencia material a Ucrania. Este caso, juzgado a puerta cerrada, es un ejemplo claro de cómo la ley rusa de "agentes extranjeros" ha evolucionado para reprimir no solo a organizaciones, sino también a individuos que se atreven a desafiar o incluso a ayudar a quienes son percibidos como enemigos del régimen de Vladimir Putin.

Es crucial que en México se eviten los errores cometidos en Rusia. El espacio cívico debe protegerse y garantizarse como un ámbito donde se pueda cuestionar al poder sin temor a represalias. La experiencia rusa demuestra que leyes como la de agentes extranjeros no son simples mecanismos de transparencia, sino herramientas de represión que socavan la democracia y los derechos humanos. México no puede permitirse seguir ese camino. Las ONG desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente, y su independencia debemos defenderla a toda costa.

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