Los contrastes de la naturaleza que hemos vivido este mismo año, no son cíclicos ni normales. Por un lado, hemos padecido voraces incendios y, por otro lado, lluvias torrenciales.

     Son las consecuencias del cambio climático que impactan nuestra vida diaria y que nos deberían de recordar que el calentamiento y la contaminación son hechos irrefutables en Nuevo León.

     En lo que va de este 2021, las autoridades han reconocido que hemos sufrido más de 200 día sucios; es decir, que la emisión de partículas menores a la atmósfera en el Área Metropolitana de Monterrey rebasó las normas ambientales estatales y federales.

     La corresponsabilidad de todos quienes habitamos la Metrópoli resulta innegable. No solamente implica cuidar nuestra salud pública o preservar el medio ambiente, sino la responsabilidad humana de garantizar el desarrollo sustentable para las generaciones venideras.

     Si bien el cambio climático es la crisis que desafía a nuestra época, las acciones y las estrategias generadas por las políticas públicas de la Ley del Cambio Climático y en la Ley del Medio Ambiente, tanto a nivel estatal como federal, aún no alcanzan a dar resultados, ni se avizoran a corto plazo.

     El reto principal de reducir las emisiones de gases efecto invernadero, consideramos, solamente lo podremos lograr con una nueva cultura en nuestra relación como seres humanos con el planeta Tierra y con el Universo en general.

     El cambio climático no solamente es una realidad física o metereológica, también es cultural y lingüística. Por ello, si queremos lograr reducir las emisiones de gases, necesitamos construir un nuevo lenguaje a la altura de la emergencia ambiental que padecemos en la Regiópolis. Desde hace más de diez años, estamos catalogados como la ciudad más contaminada de América Latina por el Programa de la Naciones Unidas para el Medios Ambiente (PNUD).

     Necesitamos de un lenguaje que no solamente se base en las disposiciones constitucionales o en las leyes, sino que haga reaccionar a todos quienes habitamos (ciudadanía, empresarios y autoridades) la zona metropolitana.

     Si el objetivo es tipificar un nuevo delito contra la humanidad: el ecocidio, tal y como se incorporó en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, junto con los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad como el genocidio, debemos estar conscientes de que los ataques ilícitos y arbitrarios contra el medioambiente serían castigados mediante los mismos mecanismo con que actualmente se juzgan las masacres étnicas o los bombardeos contra la población civil o los actos de terrorismo.

     Sería deseable que este Siglo XXI no sea el del ecocidio. Por ello, es necesario que los pueblos y sus sociedades contribuyan a evitarlo con el cumplimiento de las leyes y con la aplicación de las sanciones que actualmente se contempla.

     Lo que debemos impulsar –eso creemos-, son nuevas acciones y nuevas estrategias con más convicción y con mayor compromiso, acompañadas con nuevos mensajes y ejemplos contundentes que cuenten con el respaldo de la Ley.

     Hemos avanzado en la protección jurídica de las especies animales y de las vegetales, así como de ríos, montañas, valles o ecosistemas, no por su utilidad para los seres humanos, sino por su valor intrínseco, por lo que antes de que sea demasiado tarde debemos darle plena utilidad y respeto.

     Incorporar el delito del ecocidio en nuestro marco jurídico estatal para proteger legalmente nuestra flora y fauna, así como sus ecosistemas, parece ser una estrategia alentadora para intentar calmar la violencia ambiental del nuevo orden climático y para canalizar la conciencia acerca de nuestra responsabilidades en materia del calentamiento global, incendios, deshielos y cotidiana contaminación.

     Lo más importante de las leyes es su cumplimiento por parte de las autoridades y de la ciudadanía, por lo que urge darle sentido a esa realidad con  cambios acelerados y radicales por parte de todas y de todos.