Durante el primer foro organizado por la Cámara de Diputados para analizar la reforma judicial, -en la cual participaron los once ministros de la SCJN-, destacó por el tono y el lenguaje utilizado la participación de la ministra Lenia Batres. El tono político y no jurídico utilizado por ella muestra la esencia del problema.

Pareciera ser que la reforma judicial al Poder Judicial Federal podría resolver los graves vicios de la impartición cotidiana de la justicia, esa que afecta directamente al ciudadano. Sin embargo, el ámbito principal del Poder Judicial Federal es el relativo a controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo y todo aquello en lo que intervenga una autoridad federal o que el delito juzgado sea de orden federal.

Sólo una minoría de los juicios del fuero común, -que son manejados en el ámbito local-, llegan al contexto federal, y generalmente es a través del juicio de amparo.

Evidentemente el sistema judicial de nuestro país exige una reforma de fondo y la sociedad mexicana lo demanda. Los agravios por injusticias se han acumulado durante muchas generaciones.

Sin embargo, la reforma que se pretende instrumentar en septiembre, -y es la que le importa al presidente-, es la del Poder Judicial Federal, que es donde se dirimen los casos importantes para el Poder Ejecutivo. Por tanto, las injusticias cotidianas seguirían existiendo igual que siempre, aunque hubiese reformas al Poder Judicial Federal.

No olvidemos que el Estado Mexicano está compuesto por la suma de entidades federativas y sólo un gobierno federal. Lo que realmente está en juego con esta reforma inminente son los asuntos de gran calado, donde se dirimen grandes intereses y ocasionalmente algunos casos de justicia cotidiana puedan ser atraídos por autoridades del ámbito federal.

Sin embargo, aunque el ciudadano por desconocimiento lo engloba todo como si fuese un solo sistema, en la realidad esta no es una estructura uniforme, pues efectivamente a lo largo del país hay miles de jueces que venden justicia, pero también hay jueces y magistrados honorables y comprometidos con el “deber ser”, por lo cual imparten justicia guiados por su vocación de servicio.

A su vez, generalmente, -salvo excepciones-, quienes llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vienen precedidos de honorabilidad, conocimientos y una larga carrera judicial y no podría ser de otra forma por las graves implicaciones que tienen para el país los temas que ahí se analizan, discuten y se resuelven. Por ello, dar entrada a gente improvisada y sin experiencia en la carrera judicial, puede tener grandes implicaciones.

Incluso, así como han quedado en evidencia mediática acciones cuestionables y reprobables de muchos jueces, -tanto federales como estatales-, han quedado visibles también resoluciones impecables jurídicamente por parte de jueces y magistrados, que incluso, -enfrentando riesgos graves y conflictos-, han hecho valer los principios y valores básicos y universales de la justicia.

En el manejo mediático de esta reforma hay un gran engaño para manipular los sentimientos de la ciudadanía, así como sus resentimientos y exigencia de “justicia de verdad”.

Por ello la visión populista y demagógica de la iniciativa presidencial, -de someter al voto popular la selección y nombramiento de jueces, magistrados y ministros-, no deja de ser la “Caja de Pandora”, que puede traer graves males para el país, como dejar vulnerables a los impartidores de justicia frente al poder del crimen organizado cuando estos grupos les patrocinen sus campañas. No querer ver este riesgo… es necedad.

Es muy importante definir varias circunstancias que tienen que ver con la falta de conocimiento popular respecto a la conformación del Poder Judicial.

El ciudadano común generaliza en el concepto “Poder Judicial” a toda la corrupción de policías municipales, estatales y agentes “judiciales”, ministerios públicos y muchos perfiles de funcionarios dependientes de las fiscalías estatales, así como de la Fiscalía General de la República, pues todo este sistema es el primer contacto que tiene el ciudadano con la justicia y precisamente ahí es donde priva la improvisación y ello abre la puerta a la corrupción.

Sin embargo, las autoridades de “primer contacto” para el ciudadano no son parte del Poder Judicial de la Federación, que hoy está bajo escrutinio público.

Además, consideremos que en el ámbito federal, es donde menos corrupción hay.

Es evidente que se debe reformar la actividad del Poder Judicial, pero sin someter a esta institución que resguarda la constitucionalidad y al “estado de derecho” en el ámbito federal, al grave riesgo que se deriva de elecciones populares de jueces, magistrados y ministros, quienes quedarían a merced de los patrocinadores de sus campañas.

Siempre se puede estar peor si se toman decisiones riesgosas y equivocadas.

Además, en estricto sentido un principio universal de la jurisprudencia marca que las leyes no deben ser de aplicación retroactiva, lo que significa que las nuevas reglas para la selección de jueces, magistrados y ministros, solo debiesen entrar en vigor cuando hubiese que sustituir funcionarios que se retiran al cumplirse el ciclo natural del periodo para el que fueron nombrados, no antes. La no retroactividad de la ley es un valor universal de la jurisprudencia y en México se debe respetar.

Sin embargo, parece ser que se está preparando un cataclismo para echar a la calle a todos los ministros, magistrados y jueces y nombrar de inmediato a sus sustitutos, lo cual, -además de inconstitucional por la ilegalidad de la retroactividad de su aplicación-, generaría un vacío de autoridad que sería capitalizado por la delincuencia.

A final de cuentas, este es quizá un tema de gravísimas implicaciones que el presidente está empujando para que una legislatura conformada en un alto porcentaje por legisladores que carecen de experiencia, definan y voten casi sin entender la dimensión de lo que se pretende instrumentar.

No debemos olvidar que siempre se puede estar peor.

¿A usted qué le parece?

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