Lo que hoy están haciendo las bancadas de Morena y sus aliados -como parte dominante del Poder Legislativo-, aplastando groseramente a la oposición aprovechando su mayoría calificada, es preparar el camino a un peligroso modelo de gobierno de tipo autoritario.

La esencia de la democracia exige el equilibrio entre los Tres Poderes de la Unión para evitar la concentración de poder en uno solo. Ese es el espíritu de nuestra Constitución.

Por ello reviste tanta importancia el modo apresurado, atropellado y opaco de realizar un cambio tan determinante para el futuro del país, como lo es la reforma judicial.

La intolerancia radical y enfermiza ponen en evidencia a este nuevo espíritu que campea por todo el territorio nacional donde gobierna Morena. Parece haber una actitud defensiva.

La prisa por aprobar las enmiendas constitucionales -pasando por encima de la oposición de forma denigrante- lo deja claro. Hay un tono visceral y caprichoso en la forma en que hoy se conducen los legisladores y quienes los "pastorean".

El desacato frente a los amparos interpuestos desde el Poder Judicial es muy grave. Interponer ante un tribunal colegiado un simple recurso jurídico para que resolviese si la jueza Nancy Juárez tiene o no facultades para lo que ordenó, hubiese resultado la respuesta correcta. Sin embargo, desacatar una suspensión judicial que simplemente pretende impedir la publicación en el "Diario Oficial de la Federación", reviste una grave falta de respeto a nuestro sistema jurídico, que puede tener implicaciones judiciales.

Que la Presidenta pida permiso al Poder Legislativo para desacatar la orden judicial no le exime de responsabilidades. El Poder Legislativo no puede invadir funciones constitucionales reservadas por nuestro marco jurídico sólo para el Poder Judicial.

Mientras los jueces, magistrados y ministros sigan en sus cargos y no sean relevados por otros funcionarios, siguen y seguirán teniendo autoridad moral para emitir órdenes judiciales que cuentan con todo el peso y respaldo de la ley.

Además, las amenazas para exigir a la Judicatura Federal que los castigue, exhiben los valores que prevalecen hoy dentro de la 4T, o sea, la cultura de sumisión absoluta ante los cacicazgos.

La pregunta que flota en el aire es: ¿por qué tanta prisa por someter de forma indelicada, ofensiva y grosera a uno de los tres poderes constitucionales? Es evidente que se pretende nulificar su autoridad sometiéndolo al escarnio público, calificando a todos los jueces de corruptos, sin distinciones ni excepción.

Es legítimo plantear la necesidad de una reforma judicial, que sin duda es necesaria para ofrecer justicia de verdad al pueblo de México. Sin embargo, la forma burda y rápida como se está instrumentando -sin tiempos para el análisis profundo y la reflexión- genera suspicacias.

La enmienda denominada "supremacía Constitucional" que pretende impedir que ningún recurso judicial pueda afectar la instrumentación de la reforma, exhibe intolerancia y soberbia.

La prisa imprudente lleva a la improvisación. Sin embargo, el estilo agresivo de llevarla a cabo genera sospechas. El intento de sometimiento total, absoluto y de facto del Poder Judicial pareciera responder a la búsqueda urgente de un blindaje frente a probables escenarios de peligro que en el futuro pudiesen surgir del exterior. Por ello se pretende asegurar el control interno de todo el sistema judicial.

Hoy son simples especulaciones. Sin embargo, el tiempo aclarará todas nuestras dudas.

EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN

El intento de cambiar el artículo primero de nuestra Constitución, relativo al respeto a los "derechos humanos" y a la aceptación constitucional de honrar los tratados internacionales que México haya firmado con los organismos de los que forma parte, es una llamada de alerta. A final de cuentas esta aberración jurídica de modificar el artículo primero y dejar de cumplir los compromisos internacionales, fue desechada. Sin embargo, el simple intento ya es preocupante. ¿A usted qué le parece?