El año pasado del 2023, Nuevo León se ubicó como el tercer lugar de la República Mexicana en el consumo de alcohol, principalmente cerveza, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco de la Secretaría de Salud.

    La tradición cervecera asociada con los convivios familiares de carnes asadas, de juegos de fútbol o béisbol, de bodas, quinceañeras y cumpleaños, de fiestas en quintas y salones de eventos, etc., alcanzó un consumo per cápita de 7.4 litros, cuando la media nacional es de 4.9 litros de alcohol.

    Al respecto, las autoridades admiten que el aumento de la temperatura dispara el consumo de bebidas embriagantes, al reconocer que hay una relación entre calor y mayor consumo de cerveza, en la cual la prevalencia de los hombres es de 44.8 por ciento y de las mujeres de 16.2 por ciento.

    En la propia Encuesta Nacional se precisa que el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas impacta negativamente entre los hombres en su capacidad para trabajar o estudiar, mientras que entre las mujeres en su vida social y en realizar tareas domésticas.

    Donde Nuevo León sí resultó líder fue en el gasto de alcohol, ya que los hogares destinan hasta el 16 por ciento del gasto en alimentos a la compra de bebidas alcohólicas, el cual crece conforme aumenta el nivel socioeconómico de la familia, según el Estudio para la Prevención y Reducción en el Consumo de Bebidas Alcohólicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

        Durante 2023 los casos de intoxicación aguda por alcohol aumentaron un 66.2 por ciento, mientras los de cirrosis hepática tuvieron un alza del 55.5 por ciento en comparación con 2022, conforme el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Estado, que además dio a conocer que conducir bajo los efectos del alcohol produce el 21 por ciento de las muertes generadas por accidentes viales. El año pasado, Nuevo León ocupó el primer lugar nacional con 70 mil 388 siniestros automovilísticos, donde 274 personas fallecieron, sin contabilizar el registro de lesiones severas. Lo cuestionable es que los operativos antialcohólicos, más que una función preventiva, pues los índices de accidentes no disminuyen, tengan afán recaudatorio para varios municipios.

        Otro factor grave es en materia de violencia física, psicológica y económica contra las mujeres dentro y fuera del hogar, al detectar que el perfil promedio del agresor presenta problemas de alcoholismo en diferentes grados, según el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

        Todos los factores anteriores están contemplados como disposiciones de orden público e interés social para proteger la salud frente a los riesgos derivados del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, en la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y la Regulación para su Venta y Consumo en el Estado, promulgada en el 2011, la cual abrogó la Ley del 2003

    A más de 20 años de vigencia de la Ley, buena parte de los grupos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil siguen a la espera de que las autoridades estatales y municipales competentes la apliquen y desarrollen programas, estrategias y campañas preventivas de manera efectiva y permanente en materia de combate al abuso en el consumo del alcohol, orientadas a desincentivarlo y a divulgar las consecuencias negativas en la salud de la persona, en la vida familiar y en la social.

    Tal es el caso del grupo de ex mineros, activistas y ciudadanos, que la semana pasada solicitaron a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado revocar la licencia otorgada al Parque Fundidora, para venta y consumo de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos masivos de carácter artístico y deportivo. No solamente por vender cerveza y alcohol de manera indiscriminada, indebida, irresponsable e ilegal (fuera de horario) en sus millonarios festivales musicales, sino por convertirlo en un lugar ajeno a su vocación como patrimonio histórico, industrial, obrero y ecológico para el disfrute de las familias e inclusión para todos los estratos sociales.

    La Ley estipula que el Comité de Evaluación de Trámites y Licencias, integrado por representantes de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Gobierno Municipal de Monterrey y dos ciudadanos de la sociedad civil invitados por el Gobernador, será el que analice la solicitud de revocación con criterios técnicos y determine evitar el deterioro de la imagen e infraestructura del Parque Fundidora ¡Que así lo haga por la salud pública!