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Opinión Editorial


¡Mujeres libres de violencia!


Publicación:23-11-2021
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El Artículo Primero Constitucional consagra la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley, además prohíbe toda discriminación motivada por el género

     El Artículo Primero Constitucional consagra la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley, además prohíbe toda discriminación motivada por el género. Con base en tales principios se promulgó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto a nivel federal como estatal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

     

     En la Ley se definieron los tipos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica que sufren las mexicanas, lista a la cual se agregaron la violencia obstétrica y la violencia digital en el año 2019, la violencia política en razón de género a partir del 2020 y la violencia mediática este 2021.

     

     A la violencia política en razón de género se le definió como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, así como el acceso al cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas partidistas.

     

     Se reconoció en la Ley que dichas acciones u omisiones afectan desproporcionadamente a las mujeres dedicadas a la política o tienen un impacto diferenciado en ellas por su condición de mujeres.

     

     Esta violencia puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia que la Ley reconoce y ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o sus representantes; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas.

     

     Resulta condenable toda forma de violencia que se cometa contra las mujeres y que lesionen o dañen su dignidad, su integridad o su libertad, por lo cual deben ser denunciados, investigados y sancionados quienes afecten los derechos políticos electorales de la mujer, ya sea en el ejercicio o no de un cargo de servicio público, político, de poder o de decisión. 

     

     Al valorar que este tipo de violencia está siendo sancionada conforme a la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas, en el Partido del Trabajo nos dimos a la tarea de crear la Comisión Nacional de Atención a la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, como compromiso de justicia hacia las luchas de la Sectorial de Mujeres del PT. 

     

     Con convicción y congruencia, más de 500 delegados que concurrieron de todo el país al 4º Congreso Nacional Extraordinario del Partido del Trabajo, celebrado el pasado octubre en CDMX, aprobaron en forma unánime modificar tres Documentos Básicos apegados a la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

     

     Avalaron cambios a la Declaración de Principios, al Programa de Acción y a los Estatutos no solamente para crear la Comisión Nacional, sino para hacer efectiva la paridad de género y garantizar la participación igualitaria de la mujer en los espacios de toma de decisión dentro de la vida orgánica institucional.

     

     La igualdad y paridad de género es un tema ya avanzado, toda vez que el PT fue el primero en aplicarlo en los órganos nacionales de dirección y en ampliar la igualdad social, política y de género a las instancias de nivel estatal y municipal, sin olvidar que también fue el primero que postuló a una mujer a la Presidencia de la República, a la compañera Cecilia Soto en agosto de 1994, convencidas desde ese entonces, de la capacidad y liderazgo de las mujeres.

     

     Con  las modificaciones aprobadas se protegen y respetan los derechos político-electorales de las peteístas y se da cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Mexicana y en los Tratados Internacionales.

     

     Conscientes de la importancia del papel revolucionario de la mujer a través de la historia, reivindicamos así nuestro compromiso de impulsar la participación femenina en igualdad de oportunidades con la participación masculina en todos los niveles políticos y ámbitos de la vida.

     

     Por ello, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, desde aquí condenamos que siga habiendo violencia contra las mujeres por ser mujeres y que las cifras negras de los tipos de violencia que sufren las mexicanas se sigan incrementando a pesar del clamor de niñas, adolescentes y mujeres.  



« Lupita Rodríguez Martínez »
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